08/07/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, negó, a través de un oficio enviado hacia la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que el Parlamento actúe con arbitrariedad en el proceso contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.
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En el documento realizado por la representante principal del grupo de trabajo congresal, se enfatiza que el Legislativo procede en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, lo cual, según lo indicado, tampoco debe verse como un intento de golpe de Estado por parte del Congreso.
“Como se observa, el Congreso actúa en el ejercicio de sus prerrogativas consagradas en la Constitución, el ejercicio de estas no puede ser entendido como una arbitrariedad ni menos como un golpe de Estado parlamentario”, se puede leer en el oficio redactado por la congresista de Alianza Para el Progreso.
Asimismo, recalca una vez el delito por el que se le acusa constitucionalmente a la vicemandataria, el cual es haber intervenido en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas mientras funge un cargo público, la cual es una falta hacia el artículo 126 de la Carta Magna peruana.
Cabe resaltar que este documento parlamentario es en respuesta a la información solicitada por el procurador de la Procuraduría General del Estado con respecto a las acusaciones hechas en contra de Boluarte Zegarra.
DINA BOLUARTE EN LA CIDH
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado Peruano suspender el proceso de acusación constitucional en su contra que le sigue el Congreso.
Boluarte le indicó a la CIDH que se vulneró el debido proceso en la denuncia, por presuntas gestiones como presidenta del Club Apurímac cuando ya desempeñaba un cargo público.
En esa misma línea, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social busca que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspenda el procedimiento que lleva a cabo el Congreso por presuntamente vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
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