19/10/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a través del Consejo Regional de Arequipa (CRA) busca elaborar una ordenanza regional para prohibir el ingreso a establecimientos públicos y privados a las personas que no han recibido las vacunas contra la covid-19 en la región Arequipa.
“He conversado con el presidente del Consejo Regional, aquellas personas que no tienen vacuna no van a entrar a los malls, mercados, hospitales, centros de recreación, ni a los cines, espectáculos y tampoco a lugares como los bancos o el Reniec”, declaró en la víspera el gobernador Elmer Cáceres Llica.
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En tal sentido, la autoridad regional adelantó que la norma contemplará que para poder ingresar a los establecimientos públicos o privados donde haya gran afluencia de personas, se pedirá previamente el carné de vacunación.
Sin perjuicio de ello, la Gerencia Regional de Salud organizará una tercera jornada de vacunación masiva para todas aquellas personas mayores de 18 años denominadas como rezagados que no recibieron oportunamente la primera o segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Según los datos del sector salud, el segmento donde hay más resistencia a la vacunación es aquel de entre 30 y 39 años de edad.
◼ Defensoría critica
Al ser consultado sobre el particular, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, señaló que los gobiernos regionales no tienen ninguna competencia para restringir los derechos de los ciudadanos, tales como la libertad de tránsito o ingreso a instalaciones públicas o privadas.
“Aunque reconocemos que la vacunación es un problema de salud pública, el gobernador no puede decir qué persona ingrese o no a un determinado lugar por estar vacunados o no, porque eso es competencia del Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud”, dijo Manrique.
En tal sentido, sostuvo que si el Consejo Regional llega a discutir la emisión de una ordenanza de este tipo, la Defensoría se pronunciaría para hacer notar que es inconstitucional que los gobiernos regionales pretendan restringir los derechos ciudadanos.
Finalmente, observó que una ordenanza de este tipo sería inaplicable en la práctica: “¿Quién va a estar controlando el ingreso de los vacunados en cada uno de los establecimientos? ¿El gobernador?, ¿El personal del Gobierno Regional?”, se preguntó.
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