Fallo histórico
30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2026
En una sentencia emitida el 25 de noviembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó la responsabilidad internacional del Estado peruano por las graves violaciones cometidas en perjuicio de Celia Edith Ramos Durand y sus familiares.
El pronunciamiento judicial se enmarca en la ejecución del polémico Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 1996-2000, una política estatal orientada a promover esterilizaciones masivas que afectó a más de 314 000 mujeres y 24 000 hombres, priorizando de manera sistemática a poblaciones indígenas, rurales y de bajos recursos económicos.
Corte IDH determina responsabilidad internacional
De acuerdo al documento compartido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el tribunal internacional determinó que el Estado violó múltiples derechos fundamentales de la víctima, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad, la vida privada, el acceso a la información, la igualdad ante la ley y la salud.
Asimismo, la Corte calificó lo sucedido como una forma de violencia institucional y reproductiva, señalando que las directrices del programa se aplicaron mediante coacción, presiones psicológicas y una evidente asimetría de poder que anuló la autonomía de las pacientes.
Los hechos del caso y la falta de consentimiento informado
Los acontecimientos se remontan a julio de 1997 en el caserío La Legua (Catacaos, Piura), una zona con altos índices de pobreza. Celia Ramos Durand, de 34 años y madre de tres niñas, acudió inicialmente a un puesto de salud local para recibir atención odontológica; sin embargo, tras recibir reiteradas visitas domiciliarias de enfermeros para convencerla de someterse a una ligadura de trompas, firmó bajo presiones una autorización.
El día 3 de dicho mes, Ramos Durand fue intervenida quirúrgicamente en un establecimiento provisional que carecía de equipos y medicamentos adecuados para emergencias. Durante el procedimiento sufrió una severa reacción alérgica y, tras ser derivada de urgencia a una clínica privada, falleció diecinueve días después, el 22 de julio, sin que las autoridades ordenaran una necropsia inicial.
La Corte IDH enfatizó que el documento firmado no constituyó un consentimiento válido, libre ni informado, configurando una esterilización forzada impulsada por directrices estatales.
Las medidas de reparación ordenadas
El caso también expuso falencias del sistema de justicia peruano. Según señala la Corte, la investigación inicial abierta por la denuncia del esposo fue archivada de manera irregular en diciembre de 1997 basándose en acuerdos extrajudiciales y exhumaciones inconclusas.
Si bien en 2002 se abrió un nuevo proceso contra los responsables del programa que continúa a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, la Corte concluyó que una demora superior a 23 años vulneró flagrantemente la garantía del plazo razonable. Ante esta situación, el tribunal ordenó al Estado diversas medidas de reparación integral, las cuales comprenden:
- Obligación de investigar: Avanzar con debida diligencia para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables mediatos e inmediatos.
- Rehabilitación y satisfacción: Otorgar fondos para atención psicológica, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas, así como entregar becas de estudio a los familiares.
- Garantías de no repetición: Aprobar e implementar normativas y guías rigurosas sobre el consentimiento informado en salud sexual y reproductiva, habilitar canales eficaces de denuncia, e integrar a las víctimas fatales en el Registro Oficial de Esterilizaciones Forzadas.
La sentencia de la Corte IDH marca un hito en la búsqueda de justicia para afectados por el caso, exigiendo al Estado no solo la reparación económica y moral a los deudos de Celia Ramos Durand, sino también reformas estructurales que garanticen los derechos humanos y eviten la repetición de prácticas de violencia institucional.
