Respuesta ante cierre
15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/02/2026
La Defensoría del Pueblo supervisó este domingo el cierre de la playa Agua Dulce, en Chorrillos, dispuesto por la Municipalidad distrital. En un comunicado difundido oficial, la institución advirtió que la medida vulnera el derecho al libre tránsito y al disfrute de espacios públicos, contraviniendo lo establecido en la Constitución y en la Ley 26856, que garantiza el acceso libre a las playas del litoral peruano.
"La Defensoría del Pueblo supervisó el cierre de la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas; sin embargo, advirtió que esta medida restrictiva vulnera el derecho al libre tránsito y al disfrute de este espacio público de la ciudadanía", señaló la entidad.
El pronunciamiento también recordó que es responsabilidad de la autoridad municipal garantizar la libertad de acceso en condiciones adecuadas de salubridad para los veraneantes.
La respuesta del alcalde
El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, había defendido previamente la decisión, calificando de "fuera de la realidad" la postura de la Defensoría. Explicó que el cierre responde a la conducta de los bañistas, quienes dejan grandes cantidades de basura en la playa, generando un problema de contaminación que afecta la salud pública.
Cortez sostuvo que la medida no niega la responsabilidad municipal de mantener la playa en condiciones adecuadas, pero la definió como una especie de 'corrección' frente a la inconducta ciudadana.
"No podemos permitir que la playa se convierta en un botadero. La medida busca llamar a la reflexión y reducir la contaminación", afirmó.
El contraste entre ambos pronunciamientos revela un choque institucional: mientras la Defensoría enfatiza el derecho ciudadano al libre acceso, el municipio subraya la necesidad de sancionar la falta de responsabilidad de los propios veraneantes.
El comunicado de la Defensoría, por su lado, insiste en la obligación municipal de garantizar condiciones de salubridad, mas no responde al motivo dado por la autoridad edil sobre la propia inconducta de los bañistas que originó la medida.
En ese sentido, la postura municipal plantea que el cierre es una acción correctiva, más que una vulneración de derechos, y buscaría generar conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos.
El debate abre un dilema mayor: cómo equilibrar el derecho de acceso con la responsabilidad ciudadana de preservar las playas. Agua Dulce, una de las más concurridas de Lima, se convierte así en el epicentro de una discusión que trasciende lo local y plantea interrogantes sobre la gestión de espacios públicos en contextos de alta demanda y contaminación.
