Conflicto por tierras
15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/02/2026
La Asociación de Agricultores APAMABIR, ubicada en el kilómetro 124 de la Panamericana Norte, denunció públicamente que sus terrenos estarían siendo invadidos por el grupo Gran Paititi, otra asociación conformada por exsocios que, según señalan, buscan apropiarse de las tierras mediante amenazas y ataques armados.
En conferencia de prensa, los dirigentes de APAMABIR alertaron que la situación ha generado un clima de zozobra entre los pobladores tras la irrupción del otro grupo bajo acciones que ponen en riego la vida de los involucrados.
"La Asociación Gran Paititi pretende adueñarse de terrenos de Apamabir, generando profunda preocupación e indignación. Esta acción pone en riesgo la tranquilidad de las familias y crea incertidumbre social que no puede ser ignorada", expresaron.
Los denunciantes relataron que los presuntos invasores habrían ingresado a los terrenos quemando galpones, realizando disparos y causando daños materiales. Entre los hechos reportados se incluye la muerte de una mascota, daños a maquinaria pesada y el intento de llevarse una camioneta, que terminó con impactos de bala.
Cuestionamientos a las autoridades
Apamabir también cuestionó el accionar de la Fiscalía y la Policía Nacional, señalando que pese a la presencia de 120 efectivos durante un operativo de desalojo, este no se concretó. Posteriormente, denunciaron que los invasores ingresaron en camionetas, incluso con la presencia de un patrullero en la zona.
Los dirigentes aseguraron que han recibido amenazas de muerte contra líderes comunales y abogados que los representan, lo que incrementa la tensión y el temor entre los asociados. Por ello, exigieron la intervención inmediata de la Municipalidad, el Ministerio Público, la Policía Nacional y demás instancias competentes para garantizar el orden y la seguridad.
El conflicto entre Apamabir y Gran Paititi refleja la fragilidad en la gestión de tierras agrícolas y la falta de respuesta efectiva de las autoridades frente a denuncias de invasión. La combinación de violencia armada, amenazas directas y cuestionamientos al rol de la Fiscalía y la Policía plantea un escenario de alta conflictividad social.
La exigencia de los pobladores apunta a que se respete la propiedad legítima y se evite que intereses particulares vulneren la paz social. El caso, además, pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección legal y de seguridad en zonas rurales, donde los conflictos por tierras suelen escalar rápidamente hacia episodios de violencia.
