OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: Las Bambas en una hora crucial

¿Alguien en su sano juicio cree que se va a solucionar el conflicto en Las Bambas manteniendo el estado de emergencia, calificando a los comuneros como organización criminal, despreciándolos como si estuviésemos en la Colonia, y sin que el Estado y la empresa china MMG reconozcan sus errores y cumplan con los compromisos pactados hace varios años?

La respuesta es obvia, salvo que los marcantilistas cuyo lema es salvo el mercado todo es ilusión; y de los expertos en puertas giratorias en ministerios (Energía y Minas, Transportes, Economía), que se reciclan gobierno tras gobierno para salvaguardar los intereses de quienes se sienten y actúan como los dueños del Perú, aludiendo al título del libro de Carlos Malpica sobre los grupos de poder económico.

Empresarialmente hablando, la mina Las Bambas ha tenido tres dueños: primero, Xtrata, empresa suiza que trasladó a los campesinos a Nueva Fuerabamba, ofreciendo un mineroducto para sacar el cobre y otros minerales, haciendo pagos individuales y mejorando inicialmente las condiciones de vida; segundo Gleencore (2013), que cuestionó el mineroducto, abriendo la posibilidad de construir un ferrocarril, y termina vendiendo la mina.

El tercer y actual propietario es la empresa estatal china MMG: compró la mina en el extranjero, eludiendo pagar impuestos y dejando de lado el mineroducto y el ferrocarril. Curiosamente, durante el gobierno de Humala consigue el permiso del Ministerio de Transportes para una carretera semiasfaltada en terrenos de los comuneros; y el de Energía y Minas le autoriza a trasladar el mineral en camiones que contaminan a más no poder; sin presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, sin participación comunitaria ni pago del justiprecio por la expropiación realizada, lo que lleva a pensar que detrás hay un poderoso caballero.

El primer acuerdo Estado-comuneros de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas fue hace diez años; y el primer gran conflicto, con derramamiento de sangre, el 2016; por lo tanto no es un tema nuevo, tal como interesadamente lo presentan algunos, ocultando que el Estudio de Impacto Ambiental fue modificado inconsultamente tres veces, a la medida de los dueños de la mina y avalado por más de un gobierno.

Ahora todos debemos dar nuestro granito de arena para construir una salida sustentada en gestionar adecuadamente las potencialidades de Apurímac, orientadas al desarrollo integral: una minería socialmente responsable en los hechos; ubicar a la agricultura en su justa dimensión productiva para la seguridad alimentaria; promover el turismo a partir del rico y diverso patrimonio natural y cultural, incluyendo el hecho que es la tierra de José María Arguedas; priorizar la educación en valores y para el trabajo, al igual que la salud preventiva, interdisciplinariamente, para luchar unidos contra la anemia, el embarazo adolescente, la violencia contra la niñez y la mujer, y el analfabetismo; dotando de servicios de agua y saneamiento a todas las comunidades.

En este proceso, la mejor autocrítica del Estado y la empresa privada es que cumplan sus compromisos contenidos en el plan de desarrollo de Cotabambas y del distrito de Progreso de la provincia de Grau (Ley 30589 del 22 de junio de 2017); y para generar un clima humano que genere tranquilidad y confianza, el diálogo requiere efectuarse sin estado de emergencia ni bloqueo de carreteras.