Ley 32326
12/05/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/05/2025
La Junta de Fiscales Supremos criticó enérgicamente al Poder Ejecutivo por promulgar la Ley 32326, que modifica la normativa sobre extinción de dominio.
Según el pronunciamiento, la nueva ley afecta gravemente los avances obtenidos en la recuperación de activos ilícitos, al exigir una sentencia firme y consentida para iniciar el proceso y establecer un plazo de prescripción de cinco años, cuando antes era indefinido.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo que la norma fue aprobada sin considerar las observaciones del Ministerio Público ni las recomendaciones técnicas de expertos e instituciones especializadas.
Además, Espinoza señaló que esta nueva ley contradice compromisos internacionales asumidos por el Perú, como las convenciones de Palermo y Mérida, así como los lineamientos de Naciones Unidas en materia de lucha contra el crimen organizado.
"Con esta modificación, el Estado deberá esperar largos procesos judiciales antes de intervenir bienes obtenidos ilícitamente. Esto representa un retroceso a nivel global en materia de recuperación de activos ilícitos", afirmó.
¿Cuántos casos se verán afectados por la nueva ley?
Según cifras del Ministerio Público, de los 5.753 casos activos de extinción de dominio, al menos 2.374 se verán afectados por la nueva normativa. Esto implica que miles de bienes y activos relacionados a delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado podrían quedar fuera del alcance del Estado.
Asimismo, alertó que el sistema judicial podría verse obligado a devolver propiedades, desbloquear cuentas y restituir bienes embargados a personas vinculadas a graves delitos.
"La consecuencia directa es que 2.374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de sus bienes y capitales ilícitos, reinvirtiendo y fortaleciendo sus redes delictivas", aseguró la fiscal Espinoza.
¿Qué invoca el Ministerio Público ante este escenario?
Ante este panorama, la Junta de Fiscales Supremos invocó al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a reconsiderar la promulgación de la Ley 32326, como ocurrió anteriormente con la norma que eliminaba la detención preliminar judicial en casos sin flagrancia.
"En esa oportunidad se logró revertir una decisión perjudicial tras una campaña intensa desde el Ministerio Público. Esperamos que ahora se actúe con mayor celeridad", remarcó Espinoza.
La fiscal de la Nación reiteró que el Ministerio Público continuará con su labor de lucha contra la criminalidad, tanto a nivel nacional como internacional. La institución advirtió que no cejará en su tarea de combatir la corrupción y el crimen organizado, pese a los obstáculos normativos que puedan surgir.
La promulgación de la Ley 32326 representa un cambio sustancial en el régimen de extinción de dominio en el Perú. Según el Ministerio Público, este cambio limita la capacidad del Estado para recuperar bienes ilícitos, reduce los plazos para actuar legalmente y pone en riesgo miles de casos en curso relacionados con delitos graves.
