28/09/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La Sociedad de Beneficencia de Trujillo se encuentra en el ojo de la tormenta, por intervención de la Contraloría de la República, para exigir información por más de una semana, sobre presuntas irregularidades en la ampliación de contrato por 30 años más del cementerio Mampuesto, a favor de la empresa Jardines de la Paz, además del alquiler de inmuebles.
“La Contraloría General de la República va a estar ocho días en la Sociedad de Beneficencia de Trujillo recogiendo información. Hay varios temas, pero los principales son el del cementerio y el alquiler del local de la Comisaría de Ayacucho; hay también el asunto de un terreno de la Beneficencia que se ha perdido”, señaló el congresista de la República, Héctor Acuña.
El organismo contralor viene tomando participación, luego de las denuncias de autoridades de Municipalidad Provincial de Trujillo y del Congreso de la República. Para cumplir con el previo contrato de concesión del cementerio Mampuesto, ubicado en el distrito de Florencia de Mora, aún faltaban seis años; sin embargo, se suscribió un nuevo acuerdo para ampliarlo por 30 años más en beneficio de la empresa Parques del Norte.
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Cabe señalar que, tras la disposición del nuevo contrato, dos personas fueron destituidas de sus cargos, por estar implicadas en las supuestas irregularidades. Entre ellos, Marlon Angulo Salavarría, exgerente general de la Beneficencia; y Favio Velazco Sánchez, expresidente del directorio.
Ante este hecho, el legislador señaló de responsables a los funcionarios de la comuna trujillana, ante este hecho, dado que el alcalde provincial de Trujillo, es quien elige a los máximos representantes de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, tales como el presidente de la directiva y al gerente general. “También los regidores, porque los regidores deben controlar a su alcalde en todas sus acciones”, refirió.
El parlamentario mantiene sospechas por la extensión acelerada del contrato de concesión del camposanto, por lo que ha anunciado medidas a tomar con autoridades del Gobierno Central. “Yo voy a esperar los resultados que va a tener la Contraloría y los representantes del Ministerio de la Mujer (...) No podemos perder muchas propiedades o tener contratos por 30 años, fácilmente”, agregó.
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