Operativo contra la extorsión
11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/09/2026
Un nuevo golpe contra la extorsión se ejecutó en Lima y otras regiones del país. La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo contra la organización criminal denominada "Los Injertos del Tren", señalada de presuntamente cobrar cupos a empresas de transporte.
La intervención permitió la detención preliminar judicial de varios investigados y comprendió el allanamiento de 13 inmuebles ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Pachacámac, así como en los departamentos de Cusco y Ucayali.
La diligencia estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo), dirigida por el fiscal provincial Víctor Raúl Luna Castillo. El despliegue se realizó de manera simultánea y contó con el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante el operativo se viene efectuando el allanamiento de los inmuebles vinculados a los investigados, así como la incautación de celulares, dispositivos USB, laptops y demás equipos electrónicos que serán incorporados a la investigación para determinar la participación de cada uno de los intervenidos.
Presunta red exigía pagos a transportistas
Según las investigaciones fiscales, uno de los principales objetivos del operativo se encuentra en Jicamarca, zona de San Juan de Lurigancho, donde fue ubicado quien sería el presunto cabecilla de esta organización.
La Fiscalía sostiene que el presunto líder habría exigido desde 2024 el pago de cupos a empresas de transporte, bajo el argumento de proporcionarles "seguridad". Sin embargo, estos cobros se habrían realizado mediante amenazas y diferentes mecanismos de intimidación dirigidos contra los transportistas.
Como parte de las diligencias, los agentes y representantes del Ministerio Público ingresaron a los inmuebles vinculados con los investigados para recopilar elementos que permitan esclarecer cómo habría operado la presunta organización y determinar el grado de participación de cada uno de sus integrantes.
Además de las viviendas allanadas, las autoridades dispusieron la incautación de dos vehículos que estarían relacionados con la investigación.
Presunto cabecilla y su hijo fueron detenidos
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad, Jorge Chávez Cotrina, precisó que, luego de reunir las evidencias, un juez de investigación preparatoria autorizó el allanamiento de los inmuebles con fines de detención e incautación.
En uno de los predios intervenidos fue detenido el presunto cabecilla de la organización junto con su hijo, quien sería señalado como su lugarteniente.
Entre los intervenidos también se encuentra alias "Colocho", quien, de acuerdo con la hipótesis fiscal y policial, habría cumplido funciones administrativas dentro de la organización. El representante del Ministerio Público indicó que durante los siete días de detención preliminar se determinará con mayor precisión el rol que habría desempeñado cada investigado.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es el mecanismo empleado por los presuntos extorsionadores para someter a sus víctimas. Según explicó el fiscal, la organización primero habría atentado contra las empresas para sembrar temor entre sus trabajadores y propietarios.
Posteriormente, los integrantes se presentaban ante las víctimas como supuestos protectores y les ofrecían seguridad para evitar nuevos ataques. Sin embargo, este servicio era utilizado como una modalidad para iniciar el cobro de cupos.
"Lo primero que hacían era atentar contra la empresa y luego de sembrar el terror obviamente contra los trabajadores y dueños de las empresas, ellos se presentaban a decirles nosotros te vamos a dar seguridad porque el Estado no da seguridad, vamos a evitar que te extorsionen, que haya atentados, pero eso te va a costar y obviamente ahí empezaba la extorsión por parte de ellos", explicó Jorge Chávez Cotrina a Exitosa.
La investigación fiscal señala que este esquema habría sido aplicado contra la empresa de transporte Santa Catalina desde 2024. Los pagos exigidos se habrían realizado bajo amenazas y diferentes mecanismos de intimidación.
