02/06/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Este jueves, el pleno del Congreso aprobó con 107 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones, la iniciativa legislativa que modifica e incluye artículos a la norma que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, con el fin de reforzar la normativa que busca luchar en contra los actos de corrupción.
Asimismo, este proyecto de ley fue propuesto con el objetivo de sancionar a las empresas que cometen los delitos de lavado de activos y relacionados a la minería ilegal, al crimen organizado, además que atentan contra monumentos arqueológicos, y realizan la extracción ilegal de bienes culturales.
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Cabe señalar que, las personas jurídicas son las instituciones de derecho privado, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, los comité no inscritos, las fundaciones, sociedades irregulares, las entidades que se encargan del patrimonio autónomo, las compañías del Estado y sociedades de economía mixta.
Es preciso indicar que, esta norma también se aplicará a las personas jurídicas extranjeras cuando se desempeñen en el territorio nacional, ya sea para desarrollar una o varias actividades de manera directa o indirecta, además si se comprueba que haya incurrido en algún delito de corrupción.
La iniciativa señala que las personas jurídicas serán sancionadas si han cometido los delitos en su nombre o en su beneficio, ya sea por los miembros de las empresas o instituciones, además por los representantes legales o apoderados, bajo cualquier modalidad de autoría y participación señaladas en el Código Penal.
El Ministerio Público, tras verificar si se cometieron actos irregulares, impondrá medidas administrativas y suspenderá a las personas jurídicas de las actividades sociales por un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Además, les prohibirá de manera temporal o definitiva realizar actividades de la misma clase en un futuro. Asimismo, no les permitirá contratar con el Estado, realizará la cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones. Por último, ordenará la clausura de sus locales de manera temporal o definitivo.
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