29/04/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La vida de Alan García estuvo plagada de fanatismo político. Entre el amor y el odio, entre el poder y la persecución política. Siendo apenas un niño de 13 años de edad sus conversaciones con su madre Nytha Pérez no eran pláticas triviales o propias de un adolescente de su edad, sino que hablaban de doctrina política, justicia social y la economía nacional.
El 27 de abril de 1991 -un año después de haber terminado su primer gobierno- una comisión de la Cámara de Diputados, creada para investigar su presunto enriquecimiento ilícito, lo encontró responsable de transacciones ocultas así como de ingresos “enmascarados” por un total de 509,915 dólares. Según versión de Fernando Olivera (recalcitrante adversario), el exjefe de Estado tenía, además, 50 millones de dólares en cuentas en el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) y otras a nombre de sus familiares y de su propia esposa.
Luego de una larga investigación, la Corte Suprema de Justicia exoneró a García de enriquecimiento ilícito, delito que le imputaba la referida comisión congresal que lideraba Olivera. Pero con el autogolpe de Estado del presidente Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de abril de 1992, revivió el tema que parecía enterrado. De inmediato, tropas del gobierno golpista allanaron la casa de Alan García y este tuvo que esconderse durante dos meses en la casa de un vecino. Hasta que solicitó asilo a Colombia, y el entonces presidente de ese país, César Gaviria, se lo concedió.
El proceso por enriquecimiento ilícito fue reabierto entonces por una nueva Corte Suprema de Justicia, nombrada por el régimen de Fujimori, y a García se le acusó de nuevos cargos, entre ellos de recibir sobornos por parte de una compañía italiana encargada de construir el tren eléctrico de Lima. El parlamentario Fernando Olivera volvió a acusarlo y, como resultado, García terminó en Colombia.
Piden su extradición
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio el autogolpe. El régimen le abrió procesos por presunto enriquecimiento ilícito y por diversas acusaciones de corrupción; tras ello se solicitó la extradición de García al gobierno colombiano, la cual fue denegada.
En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos denunció al Gobierno de Fujimori por violación de los derechos a la libertad, a la seguridad y a la debida defensa de Alan García y le pidió al gobierno peruano dejar sin efecto los procesos iniciados.
En abril de 1995, el Congreso levantó la inmunidad parlamentaria a Alan García por las acusaciones de haber recibido sobornos por parte del consorcio italiano Tralima para la construcción del tren eléctrico de Lima. De esta manera, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pidió nuevamente la extradición de García al Gobierno de Colombia, la cual fue denegada debido a que el expresidente aprista pasó a vivir en París.
Durante los años transcurridos entre 1993 y el 2001, Alan García no participó activamente en la política peruana, salvo en la publicación de algunas obras sobre la política de su primer gobierno y denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Alberto Fujimori. En contadas ocasiones, el expresidente apareció en la televisión y radio peruanas desde Bogotá, Colombia. El 18 de enero de 2001, la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró prescritos los delitos que se le imputaron al finalizar su primer mandato. García no regresó al país hasta el 28 de enero de 2001, cuando ya habían prescrito los delitos relacionados a las denuncias de corrupción en su gobierno.
La oleada terrorista
El primer gobierno de García fue sacudido por la actividad terrorista iniciada durante el anterior gobierno de Fernando Belaunde Terry, pero que alcanzó los picos más altos de violencia en los años de 1986 y 1988. Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de terroristas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de junio de 1986 (Matanza de los penales). Durante el gobierno de Alan García, junto a la violencia subversiva, que costó miles de vidas, se realizaron actos de represión militar, como también la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988.
Aunque inicialmente García mostró interés en frenar las violaciones a los derechos humanos, tras la matanza de los penales, permitió que continuase la violencia contrasubversiva de las fuerzas armadas y se formaron escuadrones de la muerte como el Comando Rodrigo Franco, los que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista.
A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima y varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental. La controversia se volvió a dar cuando a menos de veinte días de la transferencia al nuevo gobierno, Víctor Polay, "Comandante Rolando" y 47 militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) lograron fugar del penal de "máxima seguridad" Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros construido desde fuera del penal.
La construcción no contaba con conexiones de agua ni desagüe, instalaciones de servicios de alumbrado y tampoco un respiradero que facilitaría el trabajo operativo. Más allá del hecho mismo, la repercusión obtenida por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, a nivel nacional e internacional, constituyó un duro cuestionamiento no solo a la estrategia antisubversiva del gobierno, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales.
Escrito por: Roberto Sánchez Reyes
