Control en los penales
05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026
El INPE informó mediante una nota de prensa hoy 5 de noviembre que ha ejecutado 1,982 requisas (cerca de 2,000 requisas) en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Estas acciones se desarrollan desde el 3 de setiembre, fecha en la que inició la gestión de su titular, Abraham Lescano.
En esa línea, la institución impulsa sistemas de inteligencia y contrainteligencia durante estos 60 días de labores. Cabe mencionar que los operativos están a cargo de los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes utilizan información de inteligencia penitenciaria para incautar objetos o sustancias prohibidas, además de detectar a las organizaciones criminales.
Decomiso de 434 celulares y traslado de 139 internos en 60 días
Durante las revisiones efectuadas en los últimos dos meses, el personal penitenciario retiró diversos artículos ilegales de los pabellones. Ante ello, el balance oficial registra la incautación de 434 celulares, 663 accesorios de celular, más de 10 kilos de droga, 2,577 objetos punzocortantes y 66 antenas.
No obstante, estas inspecciones se han intensificado específicamente en las cárceles declaradas en Estado de Emergencia, las cuales son Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
Asimismo, por motivos de seguridad penitenciaria, se logró la reubicación de 139 internos de alta peligrosidad. Estos operativos fueronj ejecutados dentro del marco del Comando Unificado, con el apoyo de las Fuerza Aérea del Perú.
Intervención a cerca de 200 personas
Paralelamente, la entidad intensificó los controles a las visitas en las puertas de los penales para frustrar el ingreso de elementos no permitidos. Hasta la fecha, cerca de 200 personas fueron intervenidas en los accesos, logrando decomisar cerca de 30 celulares, 150 accesorios de celular y 682 gramos de droga.
Por otro lado, la actual administración aplica medidas de contrainteligencia para identificar posibles redes de complicidad que involucren a los trabajadores bajo una política de tolerancia cero frente a la corrupción, lo que conlleva a la suspensión y destitución.
En esa línea, el personal es sometido a la prueba del polígrafo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Por último, los procesos de estas gestiones pasan por la supervisión inopinada del presidente de la entidad a las cárceles del país y el cambio, progresivo, de los directores de las oficinas regionales y de los penales.
