03/01/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El abogado penalista Andy Carrión consideró que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, habría incurrido en el presunto delito de omisión de funciones, luego que se revelara que el almacén ilegal, donde se generó el incendio en Mesa Redonda, tenía una orden de desmantelamiento desde el 2017.
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"Desde mi punto de vista, el delito de omisión de funciones sí se ha configurado, a pesar de que las propias personas [dueñas del inmueble] se hayan opuesto al cierre de sus negocios", dijo el especialista en diálogo con Exitosa.
Como se recuerda, la Municipalidad de Lima aseguró que si bien se dictó una orden hace cuatro años para que los tres últimos pisos de la galería incendiada dejen de operar, los dueños de este predio, ubicado en el jirón Andahuaylas 1128 - 1138 (Cercado de Lima) "no acataron" la medida.
En esa línea, el experto recordó que la tarea de fiscalización del cierre de la galería le correspondía a ciertos funcionarios del municipio. Sin embargo, explicó que este presunto delito también alcanzaría al burgomaestre por no haber hecho cumplir la orden a sus subordinados.
"Dentro del ámbito jurídico, no solo el delito recae en la autoridad directamente vinculada para el cumplimiento de la orden. En este caso en específico, también recae en el propio alcalde al no hacer cumplir la misma a sus propios subordinados. Estamos hablando también de un delito de infracción de deberes. Los demás supervisores debían hacer cumplir la ley dentro de estos negocios", añadió.
De acuerdo con el letrado, la pena por este tipo de delito es no mayor a dos años. "Es una pena en realidad muy baja para un delito cometido por un funcionario público", sostuvo.
Abren investigación
El Ministerio Público dispuso abrir una investigación preliminar por un plazo de 40 días en contra de quienes resulten responsables por el siniestro ocurrido en Mesa Redonda, ocurrido el pasado 30 de diciembre.
Cabe precisar que el Quinto Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima abrió esta pesquisa por el presunto delito contra la seguridad pública.
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