Un problema nacional
31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/08/2026
La reciente liberación del empresario minero secuestrado en Trujillo, tras la masacre de sus cuatro acompañantes, volvió a poner en agenda la relación entre la criminalidad y la minería ilegal. El caso, vinculado a la previa detención del empresario en 2020 por actividades ilícitas de extracción, refleja cómo este fenómeno se entrelaza con delitos como el secuestro, la extorsión y el sicariato.
En conversación con Exitosa, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, advirtió que la minería ilegal e informal está presente en todas las regiones del país, en mayor o menor grado, y que su expansión se ha convertido en un problema estructural que afecta tanto a la economía como a la seguridad ciudadana.
El alcance nacional de la minería ilegal
Ipenza precisó que regiones como Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa y La Libertad concentran los números más altos, especialmente en zonas como Pataz, donde la extracción ilícita de oro se ha convertido en motor de economías criminales. Sin embargo, la actividad también se ha desplazado hacia regiones amazónicas como Huánuco, Loreto y Amazonas, además de Cajamarca.
"En los ríos amazónicos se benefician ahí mismo, pero en la parte andina, como en Pataz, hay muchas veces este mineral con material que requiere ser beneficiado y extraído, entonces lo sacan en costales y camiones que van a las distintas regiones con plantas de beneficio, donde ingresa un producto ilegal o sin documentación y cuando sale, de alguna manera, se convierte en un producto legal y termina siendo exportado"
El rol del Reinfo
El especialista cuestionó el papel del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence a fines de 2026 pero podría ser ampliado nuevamente. Según Ipenza, este mecanismo ha permitido que la minería ilegal avance bajo apariencia de legalidad. Incluso, denunció que en redes sociales se alquilan Reinfos para lavar oro ilegal.
"Nos dicen que no han alcanzado los 23 años que ya dura este proceso de formalización y tenemos que darles un año más; por ende, vamos a seguir viendo todos los impactos que trae consigo esta actividad, no solo la extorsión y el sicariato o el secuestro, sino también la afectación de bienes supremos y a toda nuestra sociedad", señaló.
Ipenza recordó además que, desde 2011, el Ministerio del Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tiene el mandato de verificar que estas actividades correspondan a pequeña minería o artesanal. Sin embargo, advirtió que no se han visto acciones reales ni concretas para controlar la expansión de la minería ilegal en los últimos años.
La minería ilegal e informal se ha consolidado como un fenómeno transversal que afecta a todas las regiones del país. El secuestro del empresario en Trujillo y la masacre de sus acompañantes son solo una muestra de cómo esta actividad ilícita se vincula con delitos graves y redes criminales.
La advertencia de César Ipenza refuerza la necesidad de una política pública más firme, que evite nuevas ampliaciones del Reinfo y que fortalezca la fiscalización efectiva, en un país donde la minería ilegal ya mueve miles de millones de dólares y amenaza con seguir expandiéndose.
