Gobierno aprueba guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública

El Gobierno aprobó la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, documento que permitirá orientar a las entidades a identificar y gestionar riesgos específicos que afecten la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción probidad de acciones.

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A través de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública 001-2023-PCM/SIP, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone su publicación en Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano y en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En la parte considerativa, precisa que esta guía no transgrede ni modifica alguna norma vinculada a la gestión de riesgos; "por el contrario, coadyuva la implementación del componente gestión de riesgos que afectan la integridad pública del 'Modelo de Integridad' por parte de las entidades".

Por ello, refiere que resulta necesario emitir una guía para desarrollar pautas generales para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, a fin de orientar a las entidades del Estado en el proceso de implementación del componente de Gestión de Riesgos del Modelo de Integridad establecido para las entidades del sector público.

Asimismo, agrega que la aprobación de esta guía es conforme con lo dispuesto en el Decreto Supremo 042-2018-PCM y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM.

Política Nacional

Como se recuerda, mediante el Decreto Supremo 092-2017-PCM se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupciór, organizada en tres ejes: capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción; identificación y gestión de riesgos; capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

En ese sentido, el eje de identificación y gestión de riegos de esta política contempla como objetivo específico "fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública" con la finalidad de contar con un sistema de control interno efectivo, de permanente aplicación en las entidades públicas, a través de la identificación de brechas de integridad y el diseño adecuado de mapas de riesgos de cada institución.

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