03/03/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de variación de prisión preventiva a arresto domiciliario solicitado por la defensa del expremier, César Villanueva, investigado porque habría recibido aportes de Odebrecht a cambio de la concesión de obras en la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador regional de San Martín.
El juez de investigación preparatoria, Jorge Chávez, consideró que el estado de salud del investigado no es un riesgo que no pueda ser atendido desde el penal Castro Castro. El magistrado determinó que Villanueva Arévalo continúe cumpliendo los 18 meses de detención preventiva y aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brindará garantías para que se vele por el estado de salud del imputado.
“El evaluado requiere monitoreo y, resalto, cuidados posoperatorios en hospitalización. De modo alguno se sostiene una situación altamente riesgosa con enfermedades anteriores a la orden de prisión preventiva, donde se valoró el tema de la salud de César Villanueva”, manifestó el juez.
Ante esta decisión del juez, el abogado de Villanueva, Jaime Bustamante, anunció que apelará la medida. “La Fiscalía presume que las reuniones eran con contenido ilícito, pero no presenta ningún documento. Por su delicado estado de salud, ya que sufre de insuficiencia renal, y por tener 73 años, César Villanueva no puede continuar en prisión”, ratificó en la audiencia.
Eso sí, durante la sesión del pasado lunes 2 de marzo, se manifestó que el extitular del Consejo de Ministros ya tenía esa patología cuando se reunió con un fiscal para intentar llegar al Equipo Especial Lava Jato que lleva a cabo su investigación.
Según el magistrado Chávez Tamariz, la defensa del también excongresista de la República no rebatió los argumentos de la Fiscalía en cuanto a la reiteración delictiva, peligro de fuga y obstaculización de la justicia, desde que fue privado de su libertad el 16 de diciembre del año pasado.
La Fiscalía le incrimina al investigado los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir, luego de tomar la declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el país, quien señaló que se habría entregado 320 mil dólares a favor de Villanueva Arévalo.
