OPINIÓN | Nicolás Lúcar: Las motos y la crisis de inseguridad

Luis Molina, el recién instalado alcalde de Miraflores, ha generado una gran controversia con la propuesta de prohibir la circulación de motos lineales en las que se desplacen dos pasajeros.

Se supone que tal medida tiene por objeto neutralizar a los delincuentes que usan motos para atacar a sus víctimas y escapar rápidamente y que suman aproximadamente el 30% de los robos que ocurren en las calles.

La propuesta resulta impactante en un país donde los ciudadanos vivimos agobiados por el desborde de la delincuencia.

Cada día miles de personas pierden sus celulares, carteras, billeteras, mochilas a manos de delincuentes que por lo general actúan armados con pistolas y revólveres de origen ilegal y, es cierto, una parte de ellos se desplazan en motos que, dicho sea de paso, han sido previamente robados.

La prohibición ya fue probada en Ecuador y Colombia, y tras los resultados positivos en un primer momento, ha quedado claro que a la larga no ha podido detener a la delincuencia.

La primera objeción a la propuesta del alcalde Molina la ha formulado la Asociación de Motociclistas del Perú, que considera que tal medida sería una violación a los derechos constitucionales de las personas que se desplazan en motos. Las más de 2 millones 500 mil motocicletas que hay en el Perú, de las cuales más de 700 mil circulan en Lima, son el medio de transporte y trabajo para una inmensa cantidad de peruanos. Es más, en el norte del país, es incluso un servicio de transporte para rutas cortas.

Prohibir la circulación de 2 personas en una moto tendría inevitablemente un impacto económico, ya que sería imposible pretender aplicar tal medida en un solo distrito y tendría que ser adoptada para toda la ciudad.

Pero lo más importante es que, como toda medida aislada, no significa una respuesta de fondo a la crisis de inseguridad.

El mérito de la iniciativa es que nos obliga a discutir las urgentes medidas que deben ser tomadas para enfrentar a la delincuencia callejera.

La primera tarea debería ser articular todos los recursos existentes y darles un uso eficiente.

La ciudad está llena de cámaras de seguridad, que no son parte de un solo y mismo sistema. En esas condiciones sus registros sirven para ilustrar noticieros de televisión y con suerte para identificar a algún delincuente rankeado en las imágenes, pero después de cometidas sus fechorías.

Los servicios de serenazgo, los vigilantes contratados por los vecinos, los miles de miembros de las empresas de seguridad, se enfrentan a la delincuencia sin coordinación efectiva con la policía y articulados tras un plan.

Miles de policías siguen reemplazando la ineficiencia del servicio de semaforización. La ciudad está sembrada de semáforos que no están sincronizados y que obligan a que los policías dirijan el tránsito en vez de dedicarse a vigilar el cumplimiento de la ley y a perseguir a los delincuentes.

Hay más, solo Dios sabe cuántos policías están ahora mismo dedicados a cuidar la seguridad de funcionarios de todo rango que no deberían contar con esos resguardos. Esos policías deberían estar en la calle cuidando a la gente, igual que aquellos que hoy realizan labores administrativas que no tienen nada que ver con la tarea para lo que los necesitamos.

Mientras tanto, los delincuentes se apoderan de las calles y nos tienen al miedo. Sabemos dónde actúan porque lo hacen ahí mismo cada día.

Los ciudadanos necesitamos que se nos brinden canales para ser parte de esta guerra contra el delito que nos afecta a todos, que nos sirvan no solo para denunciar lo que ya ocurrió sino para prevenir y actuar antes, durante o inmediatamente después de cada acto delictivo.

Por ahí hay que empezar... sin olvidar que detrás del delito callejero hay cientos de miles de jóvenes que perdieron el camino recto en un país que no les da las oportunidades que todos deberían tener. Pero ese es otro tema, como lo es el de la justicia que actúa en demasiados casos como cómplice de la delincuencia.