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Documentos revelan sociedad de empresa de Vizcarra con GyM

Registros de Sunarp confirman además que CyM Vizcarra S.A.C. fue apoderada de Graña y Montero.

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16/01/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023

Pese a que el presidente Martín Vizcarra negó vínculos con Odebrecht y las empresas socias de la brasileña, los documentos y testimonios de los directivos de la empresa muestran lo contrario. CyM Vizcarra S.A.C. no solo fue socia y apoderada del consorcio Ilo, con la empresa Graña y Montero, sino que fue proveedor del consorcio Conirsa, asociación integrada por GyM y Odebrecht, responsables de construir los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Por ejemplo, en la partida 11006796 de la inscripción de sociedades anónimas de la Sunarp, GyM S.A., se indica: "Cláusula primera.- Otorgar poder a favor de las siguientes personas, en adelante los apoderados: (...) Grupo B: César Santiago Vizcarra Cornejo con DNI N°04405606 y Martín Alberto Vizcarra Cornejo con DNI N° 04412417”.

Quienes hacen los registros son Juan Manuel Lambarri Hierro, en calidad de gerente general, y Carlos Montero Graña, en calidad de director de la sociedad, ante el notario Jaime Alejandro Murguia Cavero, el 1 y 12 de setiembre de 2005.

Según el documento, los apoderados podían actuar en nombre y representación de la sociedad en toda clase de procesos civiles vinculados a la obra, contenciosos o no, con las facultades generales y especiales, también podían interponer toda clase de medios impugnatorios.

Como se recuerda, este tema se hizo evidente por el congresista Víctor Andrés García Belaunde en una sesión de la Comisión de Lava Jato del 10 de marzo de 2017, a la que fueron invitados José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de GyM, y Hernando Graña Acuña, exdirector del grupo GyM.

Aunque en un principio dijeron no recordar esa vinculación con Vizcarra, los empresarios recordaron cuando García Belaunde les mostró la relación de Sunarp que hoy se hace por primera vez pública.

Hernando Graña Acuña, expresidente de Graña y Montero, reconoció la sociedad. “Sí, éramos (socios) con C y M Vizcarra, sí. Eso era el Consorcio Ilo, estoy de acuerdo”, afirmó, para luego indicar que “el consorcio Ilo fue una obra que hicimos para Southern Perú, asociados con CyM Vizcarra, ellos en forma minoritaria”.

En ese entonces, el legislador dejó constancia de ello, debido a que GyM era la supervisora de la obra del aeropuerto de Chinchero, otorgada con la adenda firmada y defendida por Vizcarra.

Proveedora

De otro lado, se debe indicar que el propio presidente finalmente reconoció que su empresa fue proveedora mayoritaria de Conirsa, en 2006 y 2008, para la obra IIRSA Sur. Esta cuestionada obra ha sido blanco de investigaciones, a causa de las confesiones del exgerente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien afirmó que al expresidente Alejandro Toledo se le hizo un pago de soborno por 20 millones de dólares.

La información encontrada en los documentos y libros contables demostraría que la empresa de Martín Vizcarra y su hermano no fue proveedora de Odebrecht; sin embargo, sí fue proveedora de Conirsa, consorcio integrado, en mayoría, por la empresa brasileña y Graña y Montero.

¿Miente?

Ayer, sin embargo, el jefe de Estado declaró que se desvinculó de la empresa CyM Vizcarra cuando asumió la presidencia del Perú en marzo del 2018, luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara al cargo. Sin embargo, los registros de la empresa ante la Sunarp revelan que lo dicho por Vizcarra no es cierto.

En su programa matinal, la periodista Milagros Leiva reveló que el presidente dejó el cargo de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones de dicha empresa, según el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada 4 de junio del 2018, entre julio y agosto.

En dicha junta se acordó revocar, por unanimidad, el nombramiento de Martín Vizcarra de los cargos de Gerente de Operaciones y Vicepresidente del Directorio, así como los poderes que poseía. El documento fue inscrito en la Sunarp recién entre julio y agosto de 2018.

ESTÁ GENERANDO SOSPECHAS

Para el abogado penalista Marcos Ibazeta, la situación del presidente Vizcarra es un costo ético-político. “El presidente tiene que aclarar mejor las cosas porque se está generando sospechas. En este momento no se puede hablar de delitos, pero si hay un costo ético- político, por eso es mejor esperar a lo que puede decir en las próximas horas”, sostuvo.

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