10/07/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Las entidades públicas y privadas tienen la obligación de contratan a personas discapacitadas en los porcentajes establecidos por la ley sobre este sector vulnerable, con el objetivo de que puedan realizar trabajos dignos y adecuados para ellos, indicó la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
En el seminario internacional “Discriminación en el trabajo e inclusión laboral de las personas con discapacidad. Análisis comparado en la jurisprudencia Perú-España”, recordó que la Ley 29973 establece que las empresas públicas están en la obligación de contratar a una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados, con más de 50 trabajadores, en una proporción no inferior al 3%.
Tello Gilardi comentó que un perfil sociodemográfico del INEI indica que más del 39% de la población de 14 y más años con alguna discapacidad participa en la actividad económica, pero desde el “subempleo, en trabajos informales y en condiciones indignas”.
No obstante, la magistrada calificó de esperanzador los avances del país a favor de las personas con discapacidad, así como el cambio establecido por la Convención Internacional, el 2008, que significó pasar de un modelo terapéutico y rehabilitador a uno social.
Añadió que antes de que las leyes peruanas modifiquen el reconocimiento de su capacidad jurídica, el Poder Judicial trabajó el Protocolo de Atención de las Personas con Discapacidad, instrumento que permitió involucrar a las necesidades de dicho sector.
Más noticias en Exitosa:
