25/03/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El coordinador de la Fiscalía Provincial de delitos de corrupción de Loreto, Paul Peralta, se pronunció sobre el caso de vacunación irregular de 66 personas, que no formaban parte del padrón, con dosis de Pfizer.
De acuerdo Peralta, las investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía Anticorrupción y Ministerio Público ya iniciaron en la región. Asimismo, detalló que dentro de la lista de beneficiarios estarían involucrados personas allegadas a dos gobiernos locales de Loreto.
Cabe indicar que la Procuraduría General del Estado presentó ayer una denuncia penal en contra de alcaldes y funcionarios públicos de la región. Dicha denuncia se basa en la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado doloso.
Sobre ese tema, el fiscal no descartó que se les pueda imputar a los involucrados otro tipo de responsabilidades. "Nuestro límite de competencia está estrictamente vinculado a la corrupción, pero si hay otro tipo de delitos vinculados a la Salud se podrían derivar a otra dependencia (...) no hay nada absoluto", detalló Peralta en Hablemos Claro.
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En otro momento, Peralta explicó que existen diversas figuras en el ordenamiento procesal penal que se podrían utilizar "para agilizar las investigaciones" sobre todo si se trata de un hecho ocurrido dentro del Estado de Emergencia por la pandemia de la covid-19.
Minsa se pronuncia
El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, aseguró -en Exitosa- que el Ministerio de Salud (Minsa) mantuvo coordinaciones previas con las autoridades de Loreto para sostener un plan de contingencia para usar las dosis contra la covid-19 que no fueran aplicadas.
Por esa razón, mostró su rechazo al conocer el caso de vacunación irregular de las 66 personas, entre funcionarios y allegados al gobierno local, que no eran mayores de 80 años y que tampoco formaban parte del padrón.
Minaya también explicó que lo correcto era que, las dosis que no sean usadas por los adultos mayores, se debían aplicar a algún beneficiario del programa Pensión 65 o de la iniciativa Red Amachay, que atienden a adultos mayores en pobreza, pero no a funcionarios públicos. "El hecho que se haya transgredido y aparezcan [como vacunados] funcionarios que no cumplan el rango de edad es totalmente cuestionable”, sostuvo Minaya.
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