Búsqueda de justicia
28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/04/2026
La muerte de cinco jóvenes en un operativo militar en Huancavelica ha desatado una crisis social y política. La Defensoría del Pueblo intervino formalmente para exigir que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades penales de los efectivos involucrados.
Irregularidades en la intervención militar
El incidente ocurrió el 25 de abril en el sector de Pongor, donde una patrulla del VRAEM abrió fuego contra una camioneta civil. Aunque inicialmente se reportó un enfrentamiento, las inspecciones posteriores confirmaron que las víctimas no portaban armas ni sustancias ilícitas durante el viaje.
"La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la muerte de civiles durante un operativo militar en Colcabamba, Tayacaja (Huancavelica), y por las denuncias que cuestionan la legalidad de la intervención y el uso de la fuerza", indica el comunicado.
Ante la problemática de estos hechos, se enviaron oficios al Ejército y a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. El objetivo es contrastar si los protocolos de intervención fueron vulnerados o si existió un uso desproporcionado de las armas.
Un capitán y siete soldados permanecen bajo detención preliminar mientras la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huanta procesa las evidencias balísticas y testimoniales. La comunidad local rechaza la versión del enfrentamiento, señalando que los fallecidos eran ciudadanos destacados, como el arquero William Núñez Soto y Jaime Bendezú.
Vigilancia del proceso y atención a víctimas
La institución autónoma ha desplegado equipos en el Módulo Defensorial de Huanta para brindar soporte legal y psicológico a los deudos. Se busca evitar que el caso caiga en la impunidad mediante una supervisión directa de las carpetas fiscales abiertas en la provincia de Tayacaja.
"Exige al Ministerio Público una investigación célere, independiente y exhaustiva que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas", indica.
El impacto social en Huancavelica es profundo, con bloqueos de carreteras y manifestaciones que exigen la presencia de altas autoridades del Gobierno. La transparencia en el peritaje fiscal será determinante para calmar la indignación de una población que demanda respeto a los derechos humanos.
Ante eso, el esclarecimiento de la muerte de civiles en Colcabamba depende de la celeridad que imprima el Ministerio Público al caso. La Defensoría del Pueblo garantiza que se mantendrá vigilante para que la justicia por los jóvenes de Huancavelica no sea dilatada injustamente.
La vigilancia permanente sobre el Ministerio Público resulta vital para asegurar que la muerte de civiles en Colcabamba no quede en el olvido. La intervención de la Defensoría del Pueblo busca que la justicia para los jóvenes de Huancavelica sea el resultado de un proceso transparente.
