Ante ola de criminalidad
05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2025
El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32490, la cual establece medidas extraordinarias, destinadas a combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y transporte de mercancías.
La presente ley, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene por finalidad garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte público y transporte de mercancías mediante acciones que comprenden medidas de prevención y preparación; así como, la reactivación del servicio y recuperación de la capacidad económica de las empresas de transporte público.
¿En qué consiste la presente ley?
De acuerdo con el documento oficial, las medidas extraordinarias de prevención y preparación están a cargo del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú (PNP), SUTRAN, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF - Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), de acuerdo con sus competencias, con el objetivo de reducir el riesgo y prevenir la ocurrencia de actos de extorsión y sicariato, mediante el fortalecimiento de la seguridad económica, institucional y operativa de las empresas de transporte público, a través de acciones de prevención financiera, seguridad operativa, inteligencia en la prevención de delito, capacitación empresarial y apoyo financiero preventivo.
En ese sentido, la SBS verifica que las empresas supervisadas realicen el monitoreo de la recepción de pagos extorsivos, a fin de detectar movimientos ilícitos hacia cuentas bancarias, transferencias interbancarias, remesas, giros nacionales e internacionales, billeteras digitales o cualquier medio de transferencia de recursos vinculados a denuncias por extorsión.
Del mismo modo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evalúa y acredita las rutas, paraderos, terminales o los buses que cuenten con sistemas de vigilancia, cámaras o botones de pánico integrados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i) a disposición del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).
Por su parte, la PNP elabora y actualiza, en un plazo no mayor a 30 días, los mapas georreferenciados de extorsión y sicariato con alertas tempranas y registro de zonas críticas intervenidas. Asimismo, serán capacitados los gerentes, propietarios, conductores y cobradores en materia de detección y denuncia de actos extorsivos, a fin de promover una cultura de denuncia segura.
Medidas extraordinarias de respuesta y atención inmediata
Otro aspecto que detalla la ley son las medidas extraordinarias de respuesta y atención inmediata frente a los delitos mencionados, las cuales estarán a cargo de Ministerio del Interior, PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, además de los ministerios de Economía y Finanzas, y de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de que actúen con rapidez, eficacia y coordinación interinstitucional.
En esa línea, su enfoque de trabajo estará centralizado en: repuesta policial inmediata, protección a víctimas, continuidad del servicio y apoyo comunicacional. A manera de apoyo en favor de la reactivación y recuperación del servicio de transporte público y transporte de mercancías, se otorgan dar créditos blandos y exoneraciones temporales a las empresas que hayan sido formalmente afectadas por los delitos de extorsión o sicariato.
Además, se dispone la extinción de dominio a favor del Estado sobre los bienes, fondos, instrumentos financieros o valores que se encuentren en cuentas bancarias, billeteras electrónicas u otros medios de pago digitales que hayan sido utilizados, directa o indirectamente, para recibir, transferir o administrar recursos provenientes de actos de extorsión o sicariato, o de cualquier otra actividad delictiva vinculada a dichos delitos.
El texto también contempla la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), con ámbito nacional, conformado por personal de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial.
Desde el Congreso empiezan a tomar acciones más severas para salvaguardar la seguridad de los transportistas y empresas, víctimas de la delincuencia.
