Enduren sanciones
12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025
El congresista Edgard Raymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) presentó un proyecto de ley con el objetivo de sancionar a los gerentes de las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones por la venta ambulatoria de chips.
En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13162/2025-CR, presentado el martes 11 de noviembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone la modificación del articulo 272-B en el Código Penal - Decreto Legislativo 635.
Detalles de la propuesta
De acuerdo con el texto formulado a cargo del legislador, los directores, administradores o gerentes de las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, recibirían una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro; además, serían sujetos a una multa de 365 a 730 días-multa.
La sanción sería por su participación con dolo o culpa en el planeamiento, realización, ejecución o control de acciones que conlleven a la comercialización o contratación de servicios móviles en la vía pública.
Cabe señalar que, el mencionado artículo (comercialización ilegal de servicios públicos móviles) está redactado de la siguiente manera: "El que ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una multa de 365 a 730 días-multa".
Exposición de motivos
Como sustento de su iniciativa, el legislador hace hincapié en el delito de extorsión telefónica que atenta a diario a miles de peruanos, "la cual ha alcanzado niveles alarmantes", detalla el documento. Esta modalidad delictiva se debe precisamente por la adquisición de números telefónicos sin control alguno.
"La venta ambulatoria de chips, muchas veces realizada en calles, mercados o terminales, facilita la adquisición de líneas telefónicas por parte de organizaciones criminales, que las utilizan para amenazar, estafar o coordinar actividades ilícitas", detalla el texto.
Si es bien es cierto, que hace mención a la promulgación de leyes que permiten penalizar a quienes comercialicen irregularmente chips telefónicos y contraten servicios públicos móviles de forma ambulatoria, el parlamentario considera que "no son suficientes", puesto que, solo alcanza a "vendedores de bajo nivel"; por lo tanto, considera que las sanciones deben alcanzar a los directivos empresariales por su responsabilidad en lo estipulado en el Código Penal.
En ese sentido, señala que la ciudadanía se encuentra indefensa ante un mercado "desregulado y permisivo por la rentabilidad y competencia comercial", las cuales se anteponen a la seguridad pública. De esta manera, destaca la importancia de su proyecto en el marco de la lucha contra la criminalidad en el país.
