Familiares exigen justicia
23/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 23/11/2025
Un nuevo hecho criminal cobra la vida de dos personas en Lima. La noche de este sábado 22 de noviembre, dos ciudadanos fueron brutalmente atacados a balazos a las afuera de una licorería en la zona de Huaycán, Ate.
El hecho ocurre exactamente a un mes de que el Gobierno declarase en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por el incremento de la delincuencia, dicha disposición sigue pasando por alto por los hampones cada día.
Detalles:
De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como: Gustavo Rivas Huaringa (35) y Michael Sánchez Bejarano (34), quienes estaban libando bebidas alcohólicas en los exteriores del local y que coincidía con sus viviendas.
Lamentablemente, fueron interceptados por sicarios, disparándoles hasta en 11 ocasiones en sus cuerpos y dándose a la fuga inmediatamente. Los peritos de Criminalística llegaron al lugar de los hechos para constatar la muerte de ambos varones ante la conmoción de sus vecinos y familiares.
En el caso de la primera víctima mencionada, era pintor y deja en la orfandad a un menor, mientras que el segundo era trabajador de la zona, ambos eran vecinos desde su infancia, por lo que guardaban una estrecha relación desde hace muchos años. Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando el accionar delictivo para identificar y posteriormente ubicar a los criminales.
Gobierno solicita delegación de facultades al Congreso
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que solicita la delegación de facultades legislativas por un periodo de 60 días, con el fin de legislar en tres ejes centrales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
En materia de la lucha contra el crimen organizado, destaca la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC),el cual busca enfrentar a la extorsión, el sicariato, el secuestro y otras modalidades vinculadas.
El proyecto también plantea una reforma integral del sistema penitenciario, mediante la restructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), que será responsable de la gestión penitenciaria, elevar los estándares de seguridad, la clasificación de internos y control operativo, para impedir que personas sentenciadas continúen articulando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
A ello, se suma el fortalecimiento del marco penal y proceso penal aplicable a delitos graves, mejoras en los procedimientos de flagrancia, control de armas y persecución de delitos patrimoniales relacionados con vehículos y autopartes.
Vale mencionar que, el paquete legislativo contiene 58 medidas, de las cuales 26 están referidas a seguridad ciudadana.
