Día clave
24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 24/11/2025
El futuro del sistema judicial juvenil en el Perú entrará en rigor este martes 25 de noviembre cuando el Tribunal Constitucional (TC) evalúe la de demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley N° 32330, la cual permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años para que puedan ser juzgados como adultos frente a delitos graves como extorsión, homicio, entre otros.
Así lo dio a conocer Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema que integra la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, durante su participación en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia, desarrollada en Huaraz.
La modificación que hizo el Gobierno
La Ley N°32330 la cual fue promulgada en septiembre de este año, generó un fuerte debate entre instituciones debido a que establece que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos de determinados casos.
Ello generó que, el pasado martes 4 de noviembre, el Gobierno de José Jerí oficializó el Reglamento del Código de Ejecución Penal, a través del Decreto Supremo N°022-2025-JUS que fue publicado en el diario oficial El Peruano, para adecuar lo contemplado en la Ley N°32330.
Cabe resaltar que, este documento fue autorizado por el mandatario y el ministro de Justicia Walter Martínez Laura, modifica 17 artículos del reglamento penitenciario a las reformas introducidas en el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que está referentes a derechos, clasificación, tratamiento, visitas traslados y educación de internos adolescentes.
Adicionalmente, este decreto buscaba garantizar un tratamiento diferenciado y especializado para los adolescentes privados de libertad bajo el principio del interés superior del adolescente.
Cuestionamiento y posterior demanda
Por su parte, diversas instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho consideraron que la citada desconoce principios esenciales como el interés superior del niño, la progresividad de derechos y la obligación del Estado de brindar protección especial a los menores de edad.
Por su parte, la magistrada Álvarez Olazábal se pronunció respecto a esta acción interpuesta por el PJ sosteniendo que cuenta con el respaldo de la Sala Penal. Asimismo, enfatizó que la Ley 32330 representa un retroceso y a su vez somete a los adolescentes a un proceso penal ordinario desconociendo así su necesidad de un tratamiento jurídico diferenciado.
Mañana será un día clave para definir el futuro del sistema de justicia juvenil porque el TC evaluará la demanda del PJ contra la ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17 años como adultos
