21/07/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Esta mañana, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento saludando al presidente electo de la República Pedro Castillo y le pidió liderar la lucha contra la corrupción.
Mediante el comunicado, consideran que la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción, resulta especialmente peligrosa, pues "pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos".
"Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción", precisaron.
Constitución
La institución destacó sus competencias previstas en el artículo 162º de la Constitución para reiterar su posición respecto al rol que cumplen las autoridades y funcionarios del Estado en la lucha contra la corrupción.
De acuerdo a lo expresado en el artículo 110º de la Constitución, el jefe de Estado personifica a la Nación y es este quien debe encarnar y liderar el combate contra dicho flagelo.
"La corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal como ha sostenido la Controlaría General de la República", expresó.
"El costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país", manifestó.
Vulneraciones
Para la Defensoría, la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Incluso suscribieron lo emitido por el Tribunal Constitucional, que sostiene que la corruptela constituye un atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, "lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente de la República, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla".
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