Choque político y demanda
04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/12/2025
La confrontación entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de la magistrada en conferencia de prensa este jueves 4 de diciembre.
Espinoza, recientemente inhabilitada por diez años por el Parlamento, anunció que ha iniciado una demanda civil contra el legislador por difamación, solicitando una reparación de un millón de soles.
El origen del conflicto se encuentra en las expresiones reiteradas de Rospigliosi en redes sociales y declaraciones públicas, donde calificó a Espinoza como "desquiciada".
Para la exfiscal, este término constituye un insulto grave que atenta contra su honor y dignidad, al implicar una acusación de inestabilidad mental sin fundamento. En un contexto político marcado por tensiones y sanciones contra su figura, Espinoza interpreta estas palabras como un ataque difamatorio que busca desacreditarla.
"Lávese la boca"
Durante su intervención, Espinoza respondió con firmeza, con una frase que buscó marcar distancia frente a lo que considera un discurso ofensivo y misógino, además de exigir respeto hacia su trayectoria profesional.
"Que ese señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama".
La reparación civil
La demanda presentada incluye un pedido de reparación civil de un millón de soles, monto que Espinoza anunció será destinado íntegramente al tratamiento de menores en el Hospital Neoplásicos de Lima.
Este gesto busca reforzar la idea de que su acción no responde a un interés económico personal, sino a la defensa de su reputación y a un compromiso social que contrasta con las acusaciones de Rospigliosi.
Por su lado, el parlamentario, crítico habitual de figuras asociadas al progresismo —a quienes suele referirse como "caviares"—, celebró la sanción congresal contra Espinoza y la vinculó con supuestas persecuciones a militares y policías.
La exfiscal, por su parte, sostiene que su inhabilitación y los ataques verbales forman parte de una represalia por las denuncias constitucionales que presentó contra congresistas en años anteriores.
El caso refleja la creciente polarización en la política peruana, donde los insultos y descalificaciones personales se convierten en armas de confrontación. Espinoza busca transformar un agravio en una acción legal y solidaria, mientras Rospigliosi reafirma su discurso crítico contra quienes considera adversarios ideológicos.
La demanda por difamación abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Congreso y figuras del sistema judicial, con implicancias que van más allá de lo personal y que ponen en debate los límites del respeto y la responsabilidad política.
