Delia Espinoza sobre su inhabilitación aprobada en el Congreso: "Están consumando una venganza política"

La suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, se refirió esta tarde sobre la aprobación del informe final en el Congreso que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 10 años. 

Desde los exteriores de la sede del Ministerio Público, la todavía fiscal suprema calificó de "venganza política" lo acordado por la Comisión Permanente, quedando su futuro profesional en manos del Pleno al ser acusada de infringir la Constitución. 

"No me perdonan el haber presentado denuncias sustentadas contra ellos"

La jurista rechazó tajantemente el texto acusatorio que recae en la Denuncia Constitucional 528 que fuera presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, por presuntamente incurrir los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Carta Magna.

Ante la posibilidad de quedar fuera del sector público, Espinoza dejó a entrever que el procedimiento parlamentario obedece a una represalia en su contra, luego de que durante su gestión haya formulado sendas denuncias constitucionales contra cerca de 30 parlamentarios por aparentemente tener alguna conducta delictiva. 

"Lamentablemente, lo que están haciendo, están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad, con arraigo a la ley, a la Constitución. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada porque ellos son juez y parte", enfatizó. 

Afirma no tener relación en el caso que busca inhabilitarla

Sobre el caso concreto que busca inhabilitarla de la administración pública, Delia Espinoza aseveró que no participó en la elaboración del reglamento que presuntamente transgredía la Ley 32130, ni tampoco dicha norma fue emitida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). 

En esa línea, mencionó que la propia Secretaría de la JFS presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.

Según este grupo parlamentario, la ley y su reglamento le habrían generado la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024, la cual incurría la Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

Finalmente, tras el debate en el Parlamento, tan solo ella quedó al borde de la inhabilitación, puesto que, las acusaciones contra los también fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera no procedieron.