Niega responsabilidad
28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/11/2025
La fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, solicitó al Defensor del Pueblo, Josué Guitérrez, proteger sus derechos constitucionales y fundamentales ante la acusación constitucional e inhabilitación por 10 años que la Comisión Permanente del Congreso aprobó y que el Pleno deberá evaluar.
Asegura no tener responsabilidad penal
El último miércoles 27 de noviembre, la fiscal suprema envió una solicitud de protección de derechos constitucionales y fundamentales, así como la supervisión del ejercicio del control político del Congreso y otros al Defensor del Pueblo.
A lo largo del documento se recuerda que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe final de la denuncia constitucional N° 528, que busca acusar por infracción constitucional a la magistrada e inhabilitarla por 10 años de la función pública por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de función pública y falsedad genérica.
Además, da a conocer que se la citó para el 3 de diciembre a las 10:00 a. m. al Pleno del Legislativo, es por estas acciones de parte del Congreso que la fiscal hace la solicitud a la Defensoría del Pueblo.
"Ante esta arbitraria situación (...) le solicito en salvaguarda de mis derechos constitucionales y fundamentales, así como en supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración", solicita.
A lo largo del texto explica los puntos y afirma que en el caso por el que se la busca acusar e implica a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, resaltó no tener "ninguna responsabilidad penal".
"Respecto a las imputaciones contra la suscrita por la comisión de delito, debo resaltar que al igual que mis colegas (...) no he cometido delito alguno, es más no he tenido participación de forma directa, ni indirecta con los hechos objeto de denuncia; sin embargo, se me está dando un trato totalmente discriminatorio", afirma.
Comisión Permanente acusa a JFS
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 16 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones aprobó el informe que propone inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública por presunta infracción constitucional a la fiscal suprema Delia Espinoza.
Ante la posibilidad de quedar fuera del sector público, Espinoza dejó a entrever que el procedimiento parlamentario obedece a una represalia en su contra, luego de que durante su gestión haya formulado sendas denuncias constitucionales contra cerca de 30 parlamentarios por aparentemente tener alguna conducta delictiva.
"Lamentablemente, lo que están haciendo, están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetividad, con arraigo a la ley, a la Constitución. No me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada porque ellos son juez y parte", enfatizó.
Es por este caso que, Delia Espinoza pidió a la Defensoría del Pueblo a salvaguardar sus derechos constitucionales y fundamentales por un caso en el que asegura no tener responsabilidad penal.
