Factor A.F: El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional

Por: Blanca Temoche

La noche del 5 de abril, los medios de comunicación fueron tomados durante más de una semana por fuerzas militares que impedía que se aliente cualquier tipo de protesta. El país, para ello, ya estaba dividido, en los que apoyaban el golpe y aquellos que se oponían, en especial los partidos políticos y juristas que criticaron la ruptura del sistema democrático.

Un diario local ante la censura de su contenido, prefirió aparecer con páginas en blanco. La única radio que no fue tomada hasta las 12 de la noche, emitía entrevistas a los líderes opositores que condenaban el autogolpe de Fujimori. Cuando los militares lograron ubicar las cabinas, despidieron la transmisión con un “Viva el Perú”, y a reglón seguido emitieron las notas del himno nacional.

A esa hora los titulares de las dos cámaras del Parlamento fueron impedidos de encabezar protestas, sufriendo arresto domiciliario. El Congreso y el Palacio de Justicia fueron vigilados por tanquetas.

Hecho el autogolpe, Alberto Fujimori Fujimori promulga el 6 de abril de 1992 el Decreto Ley No. 25.418, con el cual se instituyó transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”.

El decreto disolvía el Congreso y disponía la “reorganización integral del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República”.

Bajo la figura de Gobierno de emergencia y Reconstrucción Nacional, Fujimori expresaba a la opinión pública su deseo de convertir las instituciones democráticas al servicio del país y que la mayoría de peruanos accedan a un sistema de justicia sin corrupción y evitar la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada.

Incapacidad moral

A cuatro días del autogolpe es publicado en el Diario El Peruano, el Decreto Ley No. 25.423, que promovía el cese de su cargo a trece vocales de la Corte Suprema de conformidad con el Decreto Ley No. 25.418 (Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional).

Un nuevo decreto es emitido y prohíbe el ingreso de magistrados, funcionarios y litigantes al Palacio de Justicia.

Paralelamente un total de 99 diputados y 36 senadores declararon vacante la jefatura del Estado por la "incapacidad moral" del presidente de la república Alberto Fujimori y en su reemplazo invistieron como titular de gobierno al segundo vicepresidente, el pastor evangélico Carlos García García, ante la ausencia del país del primer vicepresidente Máximo San Román, quien se encontraba en Estados Unidos.

No prosperó lo de García García, quien terminó refugiado en la embajada de Argentina.

El presidente San Román

Tras su participación como representante del destituido Parlamento en la Cumbre de la Organización de Estados Americanos - OEA en Washington, Estados Unidos, el primer vicepresidente Máximo San Román Cáceres llegó a Lima para jurar al cargo presidencial en el Colegio de Abogados de Lima.

Acompañado de Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterling Parodi, presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores respectivamente se le asignó el cargo a la presidencia de la República y dio un discurso breve.

“Asumo el cargo en circunstancias muy difíciles para nuestro país con el propósito de hacer prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura”, parte del discurso de San Román.

A través de un comunicado oficial, el partido oficialista Cambio 90 expulsó a San Román de sus filas tras acusarlo por haber asumido una actitud antipatriótica y traidora en la Asamblea de Cancilleres promovida por la OEA en Washington, al pedir sancionar al Perú por adoptar un gobierno dictatorial.

Al final de esta etapa, no se registraron grandes protestas y ya las encuestas daban el apoyo de la ciudadanía al cierre de estos poderes del Estado. Ante el temor de recorte de apoyo financiero, el régimen de Fujimori debía establecer fechas para reinstaurar el sistema democrático.

Delitos de terrorismo y traición a la patria

Entre mayo y agosto de 1992, el gobierno de Alberto Fujimori emitió los decretos 25.475 y 25.659, los cuales tipificaron los delitos de terrorismo y traición a la patria, así como establecieron las normas aplicables a la penalidad, investigación policial, la instrucción y el juicio para dichos delitos. Además, se estableció la competencia de la justicia militar para conocer las acusaciones por el delito de traición a la patria. Decretos y normas complementarias posteriores conformaron la denominada legislación antiterrorista en el Perú.

El autogolpe del 5 de abril

Habían transcurrido 21 meses de gobierno y el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori no aprobaba la relación y las limitaciones que el Parlamento imponía al Ejecutivo. Ya en varias oportunidades expresaba que no aplicaría las disposiciones que no le gustaban, como fue la Ley de Emergencia Agraria, algunos artículos de la Ley de Presupuesto, entre otros.

Ante ello, atacó duramente al Parlamento a tal punto de preanunciar el autogolpe al proponer una disolución del Congreso, la cual no estaba en sus atribuciones. Pero, la estocada final la dio al cuestionar la cédula viva de los parlamentarios y los grandiosos sueldos llegando así a tener la aceptación popular y reforzando la imagen de abuso y corrupción del poder del Estado.

Fue así que el domingo 5 de abril de 1992, a las 9:25 de la noche, las pantallas de los televisores a nivel nacional fueron invadidas por sorpresivo mensaje de la Nación que cambiaría la historia del país.

Al señalar que era testigo de anomalías en los poderes del Estado y tenía la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para acelerar el proceso de la reconstrucción nacional y por eso tomaría medidas trascendentales.

Las frases fueron lapidarias: “Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder Legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional”. Entre las medidas, además, se encontraba reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Culpaba al sistema de justicia ser responsable de darles libertad a narcotraficantes y terroristas.

El autogolpe quedó consolidado de inmediato por el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes en minutos después de terminar su mensaje, emitieron un comunicado oficial de los comandantes del Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea. Además, del director de la Policía Nacional del Perú, dando el respaldo a Fujimori.

“Los institutos castrenses, en forma unánime, acuerdan brindar su más decidido respaldo y apoyo a la decisión adoptada por el señor presidente de la República”. El autogolpe era ya un hecho.