23/07/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, fijó para el próximo 31 de agosto el inicio de las audiencias de control de acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 40 supuestos implicados en el caso 'Cócteles'.
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A través de una resolución, el magistrado convocó a las partes para ese día y el 1 de setiembre a partir de las 09:00 a.m. a 06:00 p.m.
Tras concluir su investigación, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años de prisión para la lideresa de FP y el resto de implicados en el caso de presuntos aportes irregulares de la compañía brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
El fiscal acusa a Fujimori Higuchi de la presunta comisión de delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 30 años y 10 meses de prisión, por la supuesta comisión de los referidos delitos. Mientras que para otros 33 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.
La acusación también incluye al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC, como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.
◼ Sin sustento
En anteriores ocasiones, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, ha asegurado que el pedido de prisión formulado por el fiscal Domingo Pérez carece de sustento.
“Toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad y se plasme en una sentencia condenatoria [...] Keiko tiene esta garantía y asiste (a las audiencias), más aún cuando no tiene sustento. Conforme estamos seguros, llegará el momento en el pronunciamiento judicial y debiera de archivarse el caso”, dijo la letrada en una entrevista con Exitosa, que se realizó el pasado 11 de marzo de 2021.
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En aquella ocasión, dijo que el caso “está completamente politizado” ya que existe un claro propósito político a puertas de la primera vuelta electoral, celebrada el 11 de abril.
“Lo que ha quedado más que evidenciado es un claro propósito político debido al cierre abrupto y apresurado de la investigación”, aseveró.
Asimismo, Giulliana Loza indicó que su patrocinada no cometió el delito de lavado de activos, puesto que el desbalance patrimonial que presentó Fuerza Popular no configura el delito.
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