27/11/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que en Perú "hay tolerancia cero para los actos vandálicos y violentos que alteren el orden público y dañen la propiedad pública y privada, vengan de donde vengan".
El enérgico comentario del titular de este portafolio tiene que ver con el desafío que lanzaron los dirigentes de estos transportistas que tras los luctuosos sucesos que protagonizaron el pasado lunes, amenazan con hacer una nueva manifestación a fin de mes.
“La Policía Nacional responderá con la misma capacidad profesional que la de ayer (lunes). Pueden protestar y marchar, pero si se producen acciones que dañen la propiedad pública y privada serán reprimidos enérgicamente y llevados a la justicia. Es obligación de la policía proteger a la ciudadanía”, agregó Morán.
En sus comentarios, el funcionario señaló que la informalidad en el transporte es un mal endémico del país, señaló que muchas veces estas actividades van acompañadas por actividades delictivas. "No tienen licencia de conducir, salen con infracciones de tránsito numerosas, brindan un pésimo servicio al ciudadano".
Durante las protestas del lunes, los colectiveros quemaron y pincharon llantas de buses de transporte público, bloquearon el tránsito vehicular en puntos estratégicos de Lima, y se enfrentaron a la policía. El informe emitido por la superioridad de la Policía Nacional precisa que durante los luctuosos sucesos fueron detenidos 120 individuos, de ellos 24 serán denunciados por el delito contra la tranquilidad pública.
Tal como días antes declaró a los medios Rina Huacre, presidenta de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, el paro tenía como objetivo “pedir al mismo (presidente Martín) Vizcarra un decreto de urgencia para nosotros porque somos la misma sociedad. Necesitamos que nos formalicen. Queremos vivir en orden y con reglas”.
Algunos estudios señalan que en Lima y el Callao operan 150 mil choferes de estas unidades informales que utilizan los paraderos de los buses municipales para recoger pasajeros; se comunican por grupos de WhatsApp para evitar la fiscalización policial y de los empleados ediles, y violar normas de tránsito elementales como la de obstruir las intersecciones, generando caos vehicular.
