Tras la aprobación del dictamen que propone otorgar amnistía a militares y policías que lucharon contra el terrorismo, la CIDH manifestó su rechazo a la iniciativa del Congreso.
La iniciativa obtuvo 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, y fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi.
En diálogo con Exitosa, el congresista José Cueto señaló que el dictamen que propone otorgar amnistía a militares y policías que lucharon contra el terrorismo busca ponerle fin a los procesos judiciales que estos afrontan. "Terminan yéndose del país, porque no encuentran justicia", comentó.
La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia incluye audios que implicarían al exmandatario en bloqueos y llamados a cercar La Paz. El actual Gobierno niega persecución política mientras se agrava la crisis social.
Con 15 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el texto recaído en el proyecto de ley presentado en su momento por el congresista Jorge Montoya.
El congresista de Fuerza Popular consideró urgente la aprobación de la medida y aseguró que los agentes enfrentan una persecución judicial promovida por sectores vinculados al terrorismo.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó su rechazo a todo acto de violencia con fines políticos, reafirmó la posición del Ejecutivo contra el terrorismo y garantizó una transición pacífica hacia las Elecciones Generales del 2026.
El presidente Luis Arce, a través del ministro de Justicia, presentó una denuncia formal contra el exmandatario Evo Morales, acusándolo de instigar protestas y bloqueos para presionar su habilitación como candidato en las próximas elecciones.
Desde la Casa Blanca califican a ambos países como "patrocinadores del terrorismo" y "sin autoridad moral para la emisión de pasaportes".
El Ministerio de Educación separó a 972 trabajadores de colegios públicos y privados por estar implicados en delitos como violación sexual, terrorismo y homicidio.
El congresista José Pazo presentó el proyecto de ley que "sanciona con la pena privativa de cadena perpetua a los delitos de extorsión y terrorismo urbano contra personas naturales y/o personas jurídicas".
El Ministerio Público logró que se revise en segunda instancia su pedido de prórroga para investigar a Víctor Polay Campos y Jaime Castillo Petruzzi por presunta apología al terrorismo a través de un libro y su difusión en redes sociales.
La presidenta de la república, Dina Boluarte, anunció que solicitarán al Congreso facultades para legislar en materia de terrorismo urbano tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.
"Recién ahí, con los 13 muertos [en Pataz] que son lamentables, piden que sí se avance en esta norma de terrorismo urbano", manifestó el ministro del Ambiente.
El ministro de Educación, Morgan Quero, calificó como terrorismo urbano a los ataques extorsivos contra las instituciones educativas de nuestro país. "Es una forma delictiva extrema", aseguró.
