Caso Lizet Marzano
26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026
El exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), Franklin Barreto, expresó su extrañeza por la audiencia virtual que se realizó con Adrián Villar, el joven que atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
En diálogo con Exitosa, Barreto afirmó que en casos de hechos culposos no es común que se concedan audiencias virtuales, ya que el proceso de interrogatorio requiere estar frente al investigado para observar su lenguaje corporal y evaluar sus reacciones.
Críticas al procedimiento
Ante la consulta sobre si Villar se benefició con esta modalidad, Barreto fue enfático: "Por supuesto". Explicó que la observación presencial del acusado resulta vital para identificar comportamientos que confirmen o desmientas su alegatos ante la justicia.
"En estos casos, las audiencias virtuales no se ven, generalmente, como un buen procedimiento, porque se requiere estar frente al interrogado para ver cómo cambia su lenguaje corporal", señaló Barreto.
El exjefe de la DIVPIAT recordó además que en el año 2025 se produjeron 3,500 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales el 15% correspondieron a fugas, un actuar que muchas veces termina beneficiando a los responsables de estos hechos.
"Existen este tipo de situaciones que favorecen a la persona a fugarse. O sea, es mejor fugarse que afrontar una situación así", puntualizó.
La audiencia virtual se realizó en medio de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del accidente en el que murió Lizeth Marzano. Según la defensa de la familia, Villar habría pasado la luz roja y, tras el hecho, se comunicó primero con su padre y otras personas cercanas antes de dar aviso a las autoridades.
Estos hallazgos, obtenidos tras la lectura de su celular, han abierto el debate sobre si la imputación por homicidio culposo podría variar a homicidio doloso, lo que incrementaría la gravedad de la acusación.
La crítica de Barreto pone en relieve la tensión entre la necesidad de garantizar derechos procesales y la percepción ciudadana de que ciertas decisiones pueden favorecer al acusado. La modalidad virtual, aunque válida en otros contextos, genera dudas en un caso que ha sensibilizado a la sociedad desde el primer momento.
La audiencia virtual concedida a Villar carga densas dudas al considerar que, en hechos culposos, se requiere un interrogatorio presencial para evaluar el lenguaje corporal del investigado. En un caso que ya enfrenta debate sobre la calificación del delito y la conducta del acusado, esta decisión añade un nuevo elemento de controversia sobre la transparencia y rigurosidad del proceso judicial.
