Discrepa en advertencias
09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/07/2026
Desde el Centro de Lima, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, buscó transmitir calma al afirmar que "no está en riesgo el proceso electoral regional y municipal". Según sus declaraciones, los organismos del sistema electoral disponen de más de S/ 1,084 millones aún por ejecutar, además de otros S/ 1,100 millones devengados en procesos anteriores.
Para Gutiérrez, no existe motivo para generar alarma ni pánico entre los candidatos y ciudadanos, pues el cronograma electoral sigue su curso con ocho hitos que deben cumplirse en los próximos meses.
La posición del Defensor del Pueblo
En declaraciones recogidas por Canal N, Gutiérrez llamó a la ponderación y a la mesura de los funcionarios electorales, cuestionando los anuncios que, a su juicio, podrían ser desproporcionados frente a la realidad presupuestal.
Recordó que el Decreto de Urgencia Nº 001-2026 habilita al Ministerio de Economía y Finanzas a trasladar recursos adicionales desde el fondo de contingencia, siempre que se sustente una estructura de costos clara. Con ello, aseguró que los mecanismos legales existen y que los recursos pueden ser movilizados en caso de necesidad, por lo que insistió en que el proceso no corre peligro.
ONPE advierte falta de presupuesto
Las declaraciones del Defensor contrastan con un comunicado oficial de la ONPE, emitido poco antes, donde se precisa que el organismo enfrenta un déficit de S/ 433.21 millones.
Según la ONPE, los saldos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) incluyen devengados y compromisos de contratos ya ejecutados o en proceso de formalización, lo que significa que no pueden ser utilizados para nuevas obligaciones.
El organismo electoral subraya que actividades esenciales como la contratación de personal de campo, la capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, así como la compensación económica a los miembros de mesa, aún carecen de financiamiento.
La tensión entre ambas posturas radica en la diferencia entre la lectura contable de los saldos y la disponibilidad operativa de los recursos. Mientras el Defensor del Pueblo se apoya en cifras globales que reflejan montos por ejecutar, la ONPE advierte que esos fondos ya tienen destino específico y no pueden ser redirigidos sin afectar compromisos previos.
Ante este cruce de versiones, la ciudadanía requiere certezas sobre la organización de las elecciones, y los organismos involucrados deben aclarar si los recursos disponibles son suficientes para cubrir las necesidades inmediatas.
En tanto, la advertencia de la ONPE sobre el déficit de S/ 433 millones marca un punto de alerta que no puede ser ignorado, pues de la asignación oportuna de esos fondos depende la eficiencia y confiabilidad de las elecciones regionales y municipales de 2026.
