20/03/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Augusto Banda Quintana y Jacqueline Soto no son amigos ni familiares, pero comparten una historia en común: ambos perdieron a sus seres queridos en la noche del 20 de marzo de 2002, tras la explosión de un coche bomba frente a la Embajada de EE.UU., en el jirón Olmedo del centro comercial El Polo (Surco).
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Están por cumplirse 20 años de aquella tragedia y ambos, al igual que el resto de deudos, exigen al Estado ser reconocidos como víctimas del terrorismo.
En conversación con Exitosa, Banda Quintana relató que aquel día su hijo Eduardo, quien recién había cumplido 18 años, patinaba por el centro comercial cuando de pronto se percató que salía humo de un automóvil estacionado cerca de las instalaciones del Banco de Crédito de la zona.
Sin imaginar que se trataba de un vehículo cargado de explosivos, el joven pidió ayuda a la gente para evitar una explosión. Al lugar también se acercó el serenazgo Rafael Barzola, esposo de Jacqueline. Ninguno pensó que estaba por desatarse una tragedia.
Cuando Barzola se acercó con un extinguidor, el vehículo explotó y el funcionario municipal murió en el acto al igual que Eduardo y otras ocho personas.
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“Vio que salía humo del carro y comenzó a llamar a la gente, el serenazgo Barzola se acerca al auto con un extintor y en ese momento se produce la explosión”, detalló el padre de familia.
Augusto y Jacqueline se sienten discriminados, pues consideran que las autoridades no prestaron mayor atención al tratarse de una “zona pituca” y no de los centros poblados de Ayacucho, donde se perpetraron las peores masacres terroristas. “Es una situación de impunidad”, coinciden.
Por su parte, Jacqueline Soto también reveló que, mientras lloraba en el lugar por la muerte su esposo, oyó cómo el entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, criticaba a su conyugue por no tener preparación militar sin importarle.
“El señor Rospigliosi, que era ministro del Interior de ese entonces, no se percató de mi presencia y dijo que mi esposo había fallecido porque no estaba capacitado como militar. Mi esposo estaba tirado ahí y él expresándose de esa manera”, recordó.
Banda y Soto piden a la justicia peruana no “estereotipar” y atender su clamor, pues han pasado ya casi 20 años y sienten que el caso ha quedado impune.
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