La ONPE puede denunciar a los partidos que usaron presupuesto para consultorías, afirma Helguera

Luego de conocerse que diversos partidos políticos usaron el presupuesto asignado por el Estado para realizar "capacitaciones" o "consultorías", existe la posibilidad de que se acuda a instancias legales para verificar si estas acciones están dentro del marco de la ley.

De acuerdo a Enzo Helguera, especialista en temas electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene la facultad de acusar ante el Ministerio Público a estas agrupaciones si se evidencia que usaron fondos para pagar o devolver favores.

"La ONPE puede denunciar ante el Ministerio Público si tiene todos los indicios que este dinero se ha utilizado de una mala forma o cuando en el periodo electoral se han podido sumar figuras públicas, capacitaciones o consultorías", comentó en diálogo con Exitosa te escucha.

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◼ Ilegal

En esa línea, Helguera recordó que solicitar consultorías solo es legal si se hace cuando el país no se encuentra en un proceso electoral. De no ser así, los partidos tienen que responder y argumentar ante las autoridades la relación de estos gastos con respecto a los comicios.

"No es ilegal si es investigación durante una etapa no electoral. Obviamente, la investigación no puede ser un informe, no puede ser el plan de gobierno, porque este producto es para la campaña electoral. No puede justificarse la actuación de políticos cuando no hay una metodología científica que pruebe que se ha hecho una investigación", anotó.

◼ Involucrados

Un informe hecho por el programa Punto Final reveló que Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Frente Amplio utilizaron fondos del tesoro público para actividades ajenas a lo estipulado. En el caso del partido naranja, Fernando Rospigliosi, Úrsula Letona, Karina Beteta y Luis Galarreta fueron beneficiados con pagos de casi 300 mil soles en asesorías y maestrías.

Es preciso recalcar que este dinero es administrado por la ONPE y solo puede ser utilizado para actividades específicas de formación, capacitación, investigación, y para actividades de funcionamiento ordinario como el alquiler del local partidario.

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