12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026
La atención de los casos de violencia escolar podría experimentar cambios con la propuesta de creación de la Unidad de Protección de la Comunidad Educativa, que contempla la derogación del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe).
Según el documento, el sistema actual habría derivado en una práctica de fiscalización punitiva y burocrática sobre directivos y docentes. Frente a este escenario, la iniciativa plantea establecer una nueva instancia que asuma funciones estratégicas vinculadas con la protección de quienes integran la comunidad educativa.
La propuesta también busca modificar la relación entre las autoridades educativas y los colegios, con el objetivo de que las instituciones puedan responder a los problemas que se presentan en sus instalaciones sin que predomine una percepción de control sancionador.
SíseVe: cuestionan la fiscalización sobre directivos y docentes
El documento señala que el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar habría generado una dinámica centrada en la fiscalización de los responsables de las instituciones educativas. Esta situación, de acuerdo con los argumentos expuestos, podría convertir la atención de los incidentes en un procedimiento percibido como punitivo y burocrático.
Asimismo, se advierte que el temor a las posibles consecuencias de reportar estos hechos puede favorecer el subregistro de casos. Es decir, algunas situaciones de violencia podrían no quedar registradas, lo que dificultaría conocer su alcance y responder oportunamente desde el ámbito educativo.
La propuesta sostiene que esta percepción también reduciría la capacidad de las instituciones educativas para brindar una respuesta pedagógica ante los conflictos.

¿Qué funciones tendría la nueva Unidad de Protección?
Como alternativa, se plantea crear la Unidad de Protección de la Comunidad Educativa, que asumiría funciones de ente rector estratégico del Ministerio de Educación (Minedu).
De acuerdo con el documento, esta instancia otorgaría autonomía plena, resolutiva y pedagógica a las instituciones educativas. El planteamiento busca que los colegios tengan mayor capacidad para abordar las situaciones que afectan la convivencia escolar y tomar decisiones dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.
La iniciativa, sin embargo, no detalla cómo se distribuirían las responsabilidades entre la nueva unidad, el Minedu y las direcciones de los colegios, ni especifica qué protocolos se aplicarían para registrar, investigar y atender las denuncias de violencia.
La propuesta busca replantear la gestión de la violencia escolar mediante una nueva estructura de protección y mayor autonomía para las instituciones educativas. Su alcance dependerá de las disposiciones que se definan y de que cualquier cambio garantice mecanismos efectivos para denunciar, prevenir y atender estos casos sin dejar desprotegidos a los estudiantes.

