Defensa de Humala
31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 31/07/2026
Tras la excarcelación de Ollanta Humala, su abogado Edison Huamán ofreció declaraciones en las que calificó la condena de 15 años como "ilegal e inconstitucional". El letrado adelantó que el expresidente se dirigiría a su domicilio en Surco, donde permanecerá con salud estable pese al desgaste que supuso su tiempo en prisión.
Para Huamán, el buen estado de salud de Humala se explica en su insistencia en negar los aportes de campaña que se le atribuyeron y en sostener su inocencia durante todo el proceso.
"Siempre ha estado firme porque siempre ha negado los aportes de campaña, en el juicio nunca se ha demostrado. Al contrario, desde la defensa hemos demostrado que la Fiscalía nunca pudo probar la supuesta entrega de dinero", señaló.
Postura de la defensa
Huamán subrayó que la Fiscalía nunca pudo demostrar la supuesta entrega de dinero en las campañas de 2006 y 2011. Añadió que, pese a esa falta de pruebas, se dictó una sentencia que calificó como contraria a la Constitución, lo que derivó en sanciones contra los magistrados que la emitieron.
"Pese a ello, nos han puesto una sentencia ilegal e inconstitucional, por ese motivo se había sancionado a esos magistrados con una suspensión de seis meses", señaló.
Sobre esto último, cabe recordar que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) suspendió por seis meses a los magistrados Nayko Techy Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La sanción se debió a que ordenaron el ingreso inmediato de Humala a prisión sin contar con una sentencia escrita y motivada, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa. La ANC-PJ calificó su actuación como "negligencia funcional grave" y recordó que la privación de libertad debe sustentarse en un mandato judicial debidamente fundamentado.
Implicancias del fallo del TC
Consultado sobre el impacto del fallo del Tribunal Constitucional, Huamán sostuvo que más que cambiar la manera en que se tratan los casos de financiamiento político, la decisión dejaría en claro que el Poder Judicial nunca debió abrir el proceso contra Humala.
Para la defensa, la anulación del caso confirma que se trató de un "abuso estatal", al imputar hechos que no estaban tipificados como delito en la legislación vigente en ese momento.
Las declaraciones de Edison Huamán refuerzan la narrativa de la defensa: que Ollanta Humala fue condenado sin pruebas suficientes y mediante una sentencia irregular, posteriormente anulada por el TC, que junto a la sanción a los magistrados que dictaron la condena añade un elemento de cuestionamiento a uno de los casos más trascendentales de financiamiento político en el Perú.
