09/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 09/06/2026
En una audiencia llevada a cabo este martes 9 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto al recurso de habeas corpus formulado por la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso, la cual busca anular la condena de 15 años de prisión en su contra, emitida en abril de 2025.
Como se recuerda, la jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, también hizo lo propio con la ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón; sin embargo, a las pocas horas de conocer el fallo judicial se exiliaría en Brasil, acusando "persecución política" por parte de las autoridades peruanas.
Expresidente toma como antecedente el caso 'Cócteles'
El recurso presentado en representación del exmandatario fue declarado fundado por el TC en noviembre último, tras conocerse el fallo del caso 'Cócteles', el mismo que declaró que los aportes a una campaña política no tipifican como delito de lavado de activos hasta antes del 2016.
Por justamente esta imputación, el Poder Judicial halló responsable a la expareja presidencial, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, en el marco del caso del financiamiento a las campañas electorales de los años 2006 y 2011.
Vale mencionar que, junto a los otros sentenciados, Mario Julio Torres Aliaga e Ilan Heredia Alarcón, el juzgado les impuso el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles.
Argumentos de la defensa y del Ministerio Público
Durante la sesión que lideró el Pleno del TC, liderado ahora por el magistrado Helder Domínguez Haro, las partes sustentaron sus argumentos en el marco del debido proceso, a fin de que el máximo intérprete de la constitución pueda emitir su fallo en el plazo de ley.
En ese sentido, la defensa legal del expresidente Ollanta Humala sostuvo que, bajo el principio de "igual razón, igual derecho", su situación debería de recibir un "tratamiento similar" al aplicado en otros procesos relacionados con aportes a campañas políticas, haciendo referencia a los casos de Keiko Fujimori y recientemente el del también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
En representación del Ministerio Público, el fiscal Germán Juárez Atoche sostuvo que, efectivamente el financiamiento a una campaña política no configura un delito; no obstante, la figura cambia cuando el origen del dinero proviene de actividades ilícitas.
En ese sentido, sostuvo que los elementos probatorios demostraron que los fondos del Gobierno de Venezuela y del constructora Odebrecht sí tuvieron procedencia irregular y que sí fueron insertados en las campañas del 2006 y 2011, respectivamente, por lo que se demuestra una conducta penal por parte del exjefe de Estado.
Tras llevar a cabo la audiencia, ambas partes esperan que les den la razón sobre lo postulado, decisión que recaerá desde hoy en el TC.

