Acusados por infracciones constitucionales
25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/11/2025
La Comisión Permanente del Congreso debatirá este martes 25 de noviembre, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.
La sesión del grupo de trabajo empezará a las 9:00 a. m., luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, que preside Lady Camones (Alianza Para el Progreso), aprobara el 18 de noviembre último el texto acusatorio en referencia.
Procedimiento:
La Denuncia Constitucional 528 fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes acusan a los representantes del Ministerio Público de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
En ese sentido, quien se encargó se sustentar el mencionado informe en la SAC fue el parlamentario delegado Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia), el cual fue fuera aprobado con nueve votos, mientras que otros dos votaron tanto en contra como en abstención.
El documento acusa a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal), falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal), prevaricato (artículo 418 del Código Penal), y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones policiales (artículo 361 del Código Penal), por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024.
Según la SAC, la resolución aprobaba un reglamento que presuntamente incurría en la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
¿Qué sigue ahora?
Según el procedimiento parlamentario, a los cuatro fiscales les correspondería ser suspendidos de la administración pública por un período de 10 años, en concordancia y el principio de razonabilidad establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú.
De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, si el informe final se aprueba finalmente en la Comisión Permanente, el texto pasa a ser sustentado y debatido por el Pleno del Congreso para su debate definitivo, siendo asunto de prioridad de su agenda.
Es importante señalar que, la denuncia constitucional será aprobada con un mínimo de 66 votos. De lograr dicho cometido, la acusación será derivada al Ministerio Público para que proceda conforme a sus facultades, según ley.
El Congreso continúa con el presente caso, en medio de la disputa que mantiene la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, con su institución y la Junta Nacional de Justicia, quien esta última presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el fallo del Poder Judicial que ordenaba su reposición en el cargo.
