
08/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/05/2025
Los congresistas de la región Cusco Luis Ángel Aragón Carreño, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto Reyes y Jhakeline Katy Ugarte Mamani han solicitado formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, que cite con carácter de urgencia al gobernador regional de Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez.
El pedido surge a raíz del conflicto en torno a la concesión del hotel Sanctuary Lodge, ubicado junto al Parque Arqueológico de Machu Picchu. Según los congresistas, el contrato de usufructo con la empresa Belmond Hotels debió culminar este mes de mayo.
Sin embargo, una medida cautelar emitida por el 12.º Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima ha prorrogado la vigencia del contrato, impidiendo que el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) recupere el control del predio.
¿Qué señala la fiscalía sobre una posible toma del hotel?
El conflicto ha escalado al punto de provocar la intervención del Ministerio Público. El 7 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu emitió una exhortación dirigida al gobernador Salcedo y a dirigentes sociales, como Héctor Calla Chura y Alfredo Cornejo Paredes, para que se abstengan de promover o ejecutar la recuperación por la fuerza del Sanctuary Lodge.
La advertencia se basa en una denuncia presentada por la empresa Perú Belmond Hotel S.A., que acusa a los mencionados de incitar a la población a actos que podrían configurar delitos como usurpación, disturbios, daño agravado y coacción.
La fiscal María Teresa Huaco Cateriano advierte que existe un riesgo "efectivo e inminente" de violencia, especialmente ante el anuncio de nuevas movilizaciones programadas para el 16 de mayo.
¿Qué antecedentes tiene este conflicto legal?
El contrato original entre Belmond y el GORE Cusco data de 1995. En abril de 2025, el 12.º Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó mantener vigente dicho contrato mientras se resuelve un proceso arbitral pendiente. En este contexto, cualquier intento de recuperar el hotel sin resolución judicial podría contravenir las órdenes del Poder Judicial.
En declaraciones al medio y Exitosa, el gobernador Salcedo ha insinuado que no impediría posibles protestas o tomas del hotel por parte de la ciudadanía, deslindando su responsabilidad sobre las consecuencias.
Ante la posibilidad de una escalada en la tensión social y legal por el control del Sanctuary Lodge, el Congreso ha iniciado acciones para que el gobernador de Cusco rinda cuentas.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio Público han exhortado a mantener el orden y el respeto al marco legal, advirtiendo los riesgos que enfrentan tanto los trabajadores del hotel como los visitantes de uno de los destinos turísticos más importantes del país.