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Política

Cuba y Luyo se oponen al uso del grillete electrónico

Primera Sala Penal de Apelaciones evaluará pedido de ambos investigados en el caso que se les sigue por el Metro de Lima.

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22/01/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023

Los investigados Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones y el exfuncionario Edwin Luyo se resisten a ser vigilados de manera electrónica y por eso apelaron la orden judicial que dispuso que ambos usen grilletes para rastrear su ubicación. La Fiscalía los investiga por el caso del Metro de Lima.

Hace unos meses, el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó estas medidas contra ambos investigados. Sin embargo, sus abogados apelaron la decisión y será la Primera Sala Penal de Apelaciones de Crimen Organizado la que evalúe hoy el reclamo de los imputados.

El magistrado dispuso también que los acusados depositen una caución de S/ 500 mil cada uno, permanecer bajo vigilancia policial, reportarse al juzgado de investigación preparatoria cada siete días, no viajar fuera de Lima y no comunicarse con otros investigados.

El abogado de Cuba, Javier Ortiz, indicó que interpuso dicho recurso porque su patrocinado “tiene vigilancia policial permanente”, además de cumplir con otras reglas de conducta que limitan su libertad y que fueron dictadas por el juez Richard Concepción.

Tanto Cuba como Luyo fueron excarcelados el 25 de diciembre último, luego de que se vencieran los plazos de la prisión preventiva que cumplían desde el 2017.

Como se sabe, el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, ha presentado dos acusaciones por el Metro de Lima; la primera por lavado de activos y la segunda por corrupción.

Por disposición de la Sala de Apelaciones, el juez Concepción Carhuancho ordenó unificar ambas investigaciones, con la que se realizará un solo juicio con todos los implicados en los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht por el tren eléctrico.

Para la Fiscalía, Odebrecht desembolsó hasta USD 8 millones en coimas con el objetivo de adjudicarse el proyecto.