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Cusco: comuneros piden a premier Bellido cumplir plazo de 60 días para atender reclamos

Los representantes de la comunidades campesinas exigieron que el Estado y las mineras sean responsables ambientalmente y que respeten a los pobladores.

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Comuneros Guido Bellido Exitosa

03/08/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023

El secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (FUDICH), Wilber Fuentes, pidió al primer ministro, Guido Bellido, cumplir con el plazo establecido de 60 días para atender los reclamos de las comunidades campesinas del corredor minero Las Bambas.

"De manera consensuada, entre el Gobierno y nuestras comunidades, se ha determinado que en el plazo de 60 días se tengan que resolver las demandas de estas comunidades que han estado durante diez días en pie de lucha. (...) Exigimos que las mineras y el Estado sean responsables y respeten a nuestras comunidades campesinas", dijo Fuentes en entrevista para Exitosa.

De acuerdo con el secretario general del FUDICH, las comunidades campesinas están a favor de la minería. No obstante, recordaron que esperan que la nueva gestión se haga cargo de los requerimientos de los comuneros.

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"[¿Están a favor de la minería?] Efectivamente, no nos oponemos a los proyectos mineros. Nuestros pueblos no son anti mineros, simplemente exigimos que sean responsables", reiteró.

Demandas

Según detalló Fuentes, las comunidades solicitan que se respete el derecho a la consulta popular y el respeto a la propiedad. Esto luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convierta caminos comunales en vías nacionales, por donde transitan los vehículos de la minera Las Bambas.

"Esta disposición no fue consultada con las poblaciones campesinas, propietarias de los territorios. Usurpan y disponen el territorio sin antes haberlos comprados. Esto afecta la salud y atenta contra el medioambiente", sostuvo.

Asimismo, solicitan la compensación por daños y prejuicios ambientales; el pago de los derechos se servidumbre minera; y ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera en cuestión. Además, de la no criminalización de las protestas.

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