Fue recibida por las autoridades
09/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/05/2025
La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó la tarde del jueves a la provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras el asesinato de 13 trabajadores de la empresa minera R & R en una galería subterránea.
La mandataria arribó acompañada de su equipo de seguridad y fue recibida por altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), con quienes sostuvo una reunión de coordinación.
La visita presidencial tuvo como objetivo evaluar la situación de seguridad en la zona y supervisar el despliegue de las fuerzas del orden, ante el grave incremento de actividades criminales asociadas a la minería ilegal. Las autoridades señalaron que el ataque habría sido ejecutado por una organización criminal que opera en la zona, vinculada al control de yacimientos informales.
En imágenes difundidas por medios locales, se observa a Boluarte descendiendo de un vehículo oficial y saludando a representantes de las fuerzas del orden antes de ingresar a una sede destinada para la reunión. Posteriormente, no se ofrecieron declaraciones a la prensa.
¿Qué se sabe sobre la matanza de los trabajadores mineros?
El hallazgo de los 13 cuerpos fue confirmado el pasado domingo, tras varios días de incertidumbre y rumores sobre un presunto secuestro. Los cadáveres fueron encontrados en el interior de una mina en la provincia de Pataz, con signos de ejecución.
Según informes preliminares, las víctimas eran trabajadores de la empresa minera R & R y habrían sido asesinadas por una banda criminal que disputa el control de explotaciones mineras en la zona.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno frente a esta situación?
En respuesta a los recientes hechos de violencia, el Gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, a través del Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, publicado el 8 de mayo. La norma entró en vigencia el 9 de mayo y establece toque de queda desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba.
Además, se suspenden derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio y seguridad personal. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional, a fin de enfrentar a las organizaciones criminales que han logrado establecer un poder paralelo en la zona.
El despliegue incluye 1,000 efectivos policiales y restricciones a las actividades mineras en los tres distritos afectados. Solo personal esencial de servicios básicos está autorizado para movilizarse durante el periodo de excepción.
La presencia de la presidenta Dina Boluarte en Pataz y la prórroga del estado de emergencia reflejan la gravedad de la crisis de seguridad en la zona minera. Las medidas adoptadas buscan contener el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal, una actividad que continúa generando violencia y desestabilización en diversas regiones del país.
