Transición en medio de crisis
17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/12/2025
El Gobierno Regional del Callao vive un nuevo capítulo de crisis institucional. Tras la suspensión de Ciro Castillo, acusado de liderar una presunta organización criminal y de direccionar contratos millonarios, la vicegobernadora Edita Vargas Cerón asumió oficialmente como gobernadora regional.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Regional, que aplicó el reglamento interno para evitar un vacío de poder. Vargas ofreció una breve conferencia en la que evitó responder directamente sobre los casos de corrupción que involucran a Castillo y a varios funcionarios detenidos.
"De eso se va a encargar la justicia", señaló, marcando distancia de las investigaciones en curso.
Mensaje a la población
En su primera intervención como gobernadora, Vargas pidió calma a los ciudadanos chalacos, asegurando que su gestión dará una continuidad correcta dentro del organismo.
"Solamente decir a la población que tengan mucha tranquilidad. Quien les habla va a trabajar duro".
Añadió además que pondrá todo su empeño en garantizar la continuidad de los servicios públicos y en recuperar la confianza institucional y de los ciudadanos.
"Estamos trabajando las veinticuatro horas desde el primer día", enfatizó.
Antecedentes de amenazas
La llegada de Vargas al cargo ocurre en un contexto de alta tensión personal y política. Desde 2023, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, atribuidas a presuntos integrantes de la banda criminal 'Aragua', contratados para forzar su renuncia.
Pese a contar con medidas de protección oficiales, reveló que tuvo que costear su propia seguridad, mientras su caso quedó archivado. Esa situación, según ella, permitió que Castillo consolidara los primeros cimientos de la red criminal que hoy investiga la Fiscalía.
Investigación fiscal
La Fiscalía Anticorrupción continúa indagando las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Castillo. Se atribuyen al menos 60 contrataciones públicas direccionadas entre 2023 y 2024, por montos superiores a 1,4 millones de soles.
Testimonios como el del exgerente de Seguridad Ciudadana, señalan que un asesor personal del exgobernador era el "amo y señor de las contrataciones" en el Gobierno Regional, lo que refuerza la hipótesis de colusión y organización criminal.
Vargas enfrenta ahora el desafío de restablecer la confianza ciudadana y garantizar la operatividad institucional en medio de un escándalo judicial. Su gestión será observada de cerca por los entes de control y por la población, que espera transparencia y estabilidad tras meses de denuncias y amenazas.
