Exministros de Martín Vizcarra califican de "falsedades" informe de la Comisión de Fiscalización

Un total de diez exministros del gobierno de Martín Vizcarra rechazaron el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, liderado por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), que recomienda inhabilitar por 10 años al exmandatario para ejercer cualquier cargo público tras investigaciones por contrataciones irregulares a 'Richard Swing'.

Mediante un comunicado, calificaron de “falsedades” las acusaciones del informe elaborado por el grupo de trabajo que dirige Alarcón, debido a que consideran que carece de rigurosidad legal y que además no ha cumplido con el debido proceso.

“Es preocupante que una Comisión de Fiscalización del Congreso se haya convertido en una plataforma de persecución política impulsada por intereses subalternos de algunos congresistas”, señalaron.

Estos cuestionaron que dicho informe pretenda acusar constitucionalmente a 18 ex ministro por los delitos de tráfico de influencias, omisión de funciones y colusión en el marco de una organización criminal.

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“[Son] hechos que no sólo involucran el objeto por el cual fue creada esta comisión, sino que incluyen otros casos, con información falsa, llegando a niveles extremos de solicitar la inhabilitación del ejercicio de toda función pública por 10 años al ex presidente Vizcarra y acusar constitucionalmente a los ex ministros a los que ni siquiera se nos ha citado para ejercer nuestro legítimo derecho de defensa, fundamentando su acusación en reportajes periodísticos e información no comprobada, sin motivar infracción constitucional alguna”, enfatizaron.

Dicho documento fue firmado por el ex jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, y los ministros Jorge Chávez Cresta, Fabiola Muñoz Dodero, Javier Piqué del Pozo, Miguel Estrada Mendoza, Rodolfo Yañez Wendorff, Carlos Estremadoyro Mory, Carlos Lozada Contreras, Jorge Montenegro Chavesta y Jorge Moscoso Flores.

También descartaron algún tipo de participación con contrataciones y que siempre respetaron la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Además, hicieron un llamado al respeto del debido proceso, y pidieron no utilizar cargos públicos para venganzas políticas. “Plantear una inhabilitación y acusación constitucional es inconcebible y descabellado”, agrega el comunicado.

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