Fiscalía pide a Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva a Vladimir Cerrón

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo del juez Leodan Ayala, examinará este miércoles, 15 de febrero, la apelación presentada por la Fiscalía para que se pueda cambiar la disposición cautelar de comparecencia con restricciones de 36 meses por una prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. 

La audiencia se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 10 de la mañana. En ella se revisará la medida cautelar contra Cerrón Rojas por los presumibles delitos de lavado de activos y organización criminal. 

Tras esta, el juez a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional deberá expedir una resolución de manera inmediata. 

Tendrá un tiempo prudente de deliberación y un plazo que no exceda las 48 horas posteriores a la audiencia. De llegarse a aprobar, el secretario de Perú Libre tendrá que ser preso en un reclusorio.

Cabe precisar, que este requerimiento se da dentro del caso de los "Dinámicos del Centro", donde Cerrón es investigado por presumibles delitos de lavado de activos y organización criminal tras un sospechoso financiamiento ilícito de su partido con miras a las elecciones generales del 2021.

Lee también

Congreso: Subcomisión sesiona este lunes 13 por caso "Los Niños"

Anterior rechazo de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón 

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó el rechazo del pedido de la Fiscalía para imponer 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, a fines del mes de enero. 

Tiempo atrás, el mismo Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional descartó dictar la medida provisional más rígida contra el político, porque la Fiscalía pedía el máximo plazo permitido por ley.

Vladimir Cerrón tiene prohibido salir del país y debe reportar al juzgado mensualmente el desarrollo de sus actividades. Asimismo, tiene vetado contactar a otros investigados, testigos o peritos, además del deber de pagar una caución de S/20.000.