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Justicia española aprueba segunda extradición de César Hinostroza

Precisa, además, que exjuez supremo no es perseguido político.

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08/02/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023

La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente la ampliación de la extradición de César Hinostroza, para que sea procesado por el delito de cohecho activo genérico, y precisó que el exjuez supremo no es de perseguido político.

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Según informó la Procuraduría Anticorrupción, la ampliación de la extradición fue establecida mediante Resolución (auto) Nº 00057-2022 de fecha 1 de febrero, la cual fue notificada en la víspera.

Este caso corresponde a los hechos relatados en la demanda de extradición, remitida por la Fiscalía del Perú y formulada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Ello, a raíz de su fuga en octubre del 2018, por la frontera de Tumbes, cuando tenía impedimento de salida del Perú.

El documento de la justicia española menciona la importancia respecto del comportamiento de respeto a la libertad y la preeminencia del Derecho, ideales fuente en el Tratado que vincula a ambos Estados contratantes, y que es respetado de manera incuestionable.

Aclara, además, que la condición de César Hinostroza no es de perseguido político, como afirma su defensa, puesto que han ocurrido tres cambios en el cargo de presidente de la República en el Perú, cada uno de diferente adscripción política, lo cual no ha generado una variación en su posición procesal como Estado parte, respecto a la solicitud de extradición.

Por tanto, subraya, es totalmente claro para la justicia española como para la justicia peruana, que no existe persecución política alguna.

El respeto a la tutela jurisdiccional efectiva del procesado está garantizado permanentemente, como lo han demostrado ambos sistemas de justicia con la debida atención de todos los recursos legales que los ordenamientos jurídicos garantizan a la defensa del procesado.

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