Rechaza los cuestionamientos
12/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/08/2026
En comunicación con Exitosa, el diputado de Renovación Popular, José Baella, consideró que las llamadas 'leyes pro crimen' no existen y solo es un cliché. Señaló que fue un Congreso el que dio leyes para la protección de la ciudadanía y si se deben modificar, se revisarán.
La defensa del marco legal sobre seguridad ciudadana
Las declaraciones de Baella surgen en respuesta a los cuestionamientos procedentes de diversos sectores, donde se sostiene que ciertos cambios legislativos terminan beneficiando a funcionarios e investigados por presuntos actos de corrupción. Ante esta situación, el legislador remarcó el origen democrático del poder legislativo para respaldar la idoneidad de sus decisiones.
"Para mí, ese cliché que le han puesto de 'leyes pro crimen' no existe. Acá se han dado leyes en base a las necesidades que había en su momento. Si el Congreso tiene que revisar y analizar estas leyes, bienvenido sea. Si podemos mejorar las leyes, bienvenido sea; pero no pongamos un cliché porque eso no existe. Fue un Congreso elegido y un Congreso que dio leyes para proteger a la población. Si se han equivocado, las modificaremos, pero hay que entrar en un análisis", detalló el diputado.
En esa misma línea, el integrante de Renovación Popular respaldó reformas puntuales, como los reajustes temporales a los procesos de delación o colaboración dentro de las investigaciones judiciales.
"Un Congreso elegido democráticamente no hará leyes pro crimen, es algo ilógico... El hecho de tener a una persona que no pueda acogerse a la colaboración eficaz por unos 5 o 6 años, y que ahora sea en un plazo de 1 año, yo creo que eso es correcto, eso es ir en contra de la criminalidad", indicó.
¿Qué son las denominadas 'leyes pro crimen' y por qué genera controversia?
Se conoce como 'leyes pro crimen' a una serie de modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso que flexibilizan o reestructuran tipos penales y procedimientos de investigación procesal. Entre los aspectos más debatidos por especialistas e instituciones jurídicas se encuentran la delimitación del concepto de organización criminal, el ajuste de plazos en la colaboración eficaz y la redefinición del uso de la fuerza policial.
Las principales competencias son: Regulación procesal, donde se modifica mecanismos de investigación criminal y plazos de detención; tipificación penal, que es la delimitación de los alcances legales para procesar estructuras delictivas u organizaciones criminales y la fiscalización parlamentaria que se encarga de revisar y reformar continuamente las normas vigentes en función de la seguridad pública
Frente a los cuestionamientos, la postura expuesta por el diputado José Baella busca desmarcar la labor legislativa del sesgo negativo generado en la opinión pública. La discusión sobre el impacto real de este paquete normativo continuará en el centro del debate político mientras el Parlamento evalúe posibles revisiones en su agenda legislativa.
